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El Ministerio Público de la Defensa participó del seminario internacional “Investigación sobre el impacto del litigio estratégico en casos de tortura en custodia”, que se realizó en la ciudad de Buenos Aires el pasado 15 y 16 de noviembre. En el evento se presentó el estudio Los impactos del litigio estratégico: tortura bajo custodia, elaborado por Open Society Justice Initiative. El documento explora diversas experiencias de litigio en cuestiones relacionadas con prácticas de tortura en lugares de detención en Argentina, Kenya y Turquía.

El encuentro reunió durante ambas jornadas a 50 activistas, litigantes, funcionarios de gobierno y expertos de los distintos países participantes, entre los que estuvieron presentes Luciano Hazan, coordinador del Programa Contra la Violencia Institucional, y Pablo Rovatti, a cargo del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación (DGN). Al final del segundo día, se efectuó en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) una presentación del informe abierta al público a la que asistieron, además de los expertos, académicos, investigadores y representantes gubernamentales y de distintas organizaciones de la sociedad civil.

Los litigios estratégicos contra la tortura son los que buscan reparaciones para las víctimas, así como llevar a los perpetradores ante la justicia. Además se proponen fortalecer e implementar el marco legal vigente o generar cambios normativos, políticos e institucionales que ayuden a su prevención. Asimismo, los resultados de estos casos poseen impacto potencial en situaciones similares futuras. Los litigios estratégicos buscan influir en las actitudes y la percepción pública sobre la práctica de tortura (en especial en la de miembros de la sociedad civil, el poder judicial y los actores políticos) y, al combinarse con la supervisión de los lugares de detención, pueden lograr disuadir esas prácticas.

En relación a Argentina, el informe refiere al caso de Brian Núñez, quien, en julio de 2011 mientras estaba detenido en el Complejo Federal para Jóvenes Adultos de Marcos Paz, fue golpeado por personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF) con el puño, bastones, puntapiés y pisadas en el rostro, pies, piernas y tobillos que le produjeron padecimientos físicos y psicológicos de gravedad: dos fisuras en el pie derecho y una en el pie izquierdo, traumatismo encéfalo craneano, de tórax y abdomen, excoriaciones y hematomas faciales. Durante el proceso intervinieron el Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos y el Programa contra la Violencia Institucional, ambos de la DGN, también el Ministerio Público Fiscal y la Procuración Penitenciaria de la Nación. El informe destaca que en esta, “la primera condena por tortura del personal de SPF, el tribunal condenó a cuatro guardias a ocho y nueve años de prisión en 2015”. El caso Núñez se introduce en la investigación a partir de una entrevista realizada a Nicolás Laino, defensor público oficial y cotitular del Programa contra la Violencia Institucional de la DGN.

El estudio plantea que existe una “brecha” entre la teoría de los derechos humanos y el derecho penal internacional, que prohíben la tortura, y la práctica de la situación de detención, en la que se registran con frecuencia casos de trato o castigo cruel, inhumano o degradante. Frente a esa situación, se plantea que los litigios estratégicos de derechos humanos son “una herramienta para asegurar un efecto real y práctico a las normas de la legislación internacional sobre derechos humanos”.

La investigación, que se elaboró en base a entrevistas realizadas en los tres países  a víctimas de tortura, abogados defensores, jueces y actores sociales diversos; sostiene que “es imposible cuantificar el uso global de la tortura con algún grado de certeza; pero su prevalencia es indudable”. Sobre todo, destaca que las situaciones de custodia (cárceles, estaciones de policía y otros centros de detención) son “uno de los ámbitos principales de su práctica”.

El trabajo también señala casos en los que los litigios provocaron impactos negativos en los sobrevivientes y activistas, como la muerte, más torturas, detenciones arbitrarias, acusaciones penales y afectación al honor de las víctimas.

El estudio, que surgió en el marco de las acciones de Open Society Justice Initiative para difundir el campo del litigio de interés público para la promoción de derechos humanos y el Estado de derecho, fue organizado con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Instituto de Derechos Humanos de la UBA.

El informe Tortura en custodia, fue escrito por Helen Duffy, investigadora independiente, profesora de la Universidad de Leiden y directora de Human Rights in Practice, a partir del trabajo de campo realizado por investigadoras de los tres países.

Para acceder al informe completo en inglés, haga click aquí.
Para acceder al resumen ejecutivo en español, haga click aquí.