El viernes 3 de noviembre se llevó a cabo la audiencia pública convocada por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) para debatir el "Protocolo para el abordaje de procesos de relocalización y reurbanización de villas y asentamientos precarios en la Cuenca Matanza Riachuelo". La Defensoría General de la Nación (DGN) participó del debate junto a casi 50 expositores, entre representantes de instituciones públicas y organizaciones, referentes barriales y vecinos de la zona.
El coordinador del Equipo de Trabajo Río Matanza-Riachuelo de la DGN, Mariano Gutiérrez, afirmó durante su intervención que el protocolo será de mucha utilidad. “Este es un gran avance. El texto recoge muchas de las observaciones de los organismos de la defensa pública, y plasma propuestas de los organismos judiciales respecto de la protección de derechos de las familias afectadas por la causa”, aseguró.
Gutiérrez describió que el protocolo “establece determinada regularidad en las mesas de trabajo con los vecinos, como forma de garantizar su participación. También resalta que los vecinos deben participar en el diseño de las viviendas que les serán asignadas o las soluciones habitacionales que les adjudiquen, y subraya que las unidades ejecutoras y las instituciones deberemos respetar los compromisos asumidos en las mesas de trabajo, lo cual es motivo de amplias disputas en el marco de la causa judicial”, explicó.
“Las observaciones son pocas, porque prácticamente todas las que esta defensoría propuso durante el proceso de redacción fueron tomadas”, reiteró el funcionario. “En diálogo con algunos vecinos nos han sugerido algunas otras: se podrían regular con un poco más de precisión las situaciones dominiales de aquellos que van a ser relocalizados, o pensar distintas soluciones posibles de acuerdo a la titularidad o posesión del inmueble en el caso que se trate de familias relocalizadas”, agregó.
El coordinador de la unidad de la DGN también señaló que sería conveniente regular la problemática de lo que se llama “de coyuntura o de mientras tanto”, que refiere a aquellos barrios “olvidados”, donde ya no se invierte porque han sido señalados para ser relocalizados.
Para finalizar, el funcionario analizó que el principal desafío del protocolo va a estar en la aplicabilidad y en el proceso de validación y legitimación por parte de las unidades ejecutoras. “En nuestro caso estamos pensando específicamente en los municipios de la Provincia de Buenos Aires involucrados. Allí tendrá un rol fundamental también el juzgado, cuyos representantes están aquí presentes, en tomar este protocolo como punto de partida, como un piso de trabajo mínimo sobre el cual la perspectiva de derechos pueda ser profundizada”, insistió. “Las defensorías vamos a trabajar en pos de que este protocolo funcione con esta perspectiva que propone, que es la perspectiva de derechos y la perspectiva de generar soluciones concretas, mejorando la calidad de vida de los habitantes y no reduciéndola o empobreciéndolos”, concluyó.
El "Protocolo para el abordaje de procesos de relocalización y reurbanización de villas y asentamientos precarios en la Cuenca Matanza Riachuelo" fue redactado por el equipo territorial de Acumar y busca garantizar un abordaje integral que contemple los derechos de cada grupo poblacional afectado por la contaminación de la cuenca. La relocalización de las familias que viven a la vera del Riachuelo fue ordenada en 2007 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de la llamada "causa Mendoza", que condenó al Estado nacional, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires a recomponer el daño ambiental, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y prevenir daños.
El equipo de trabajo Río Matanza Riachuelo fue conformado en 2014 por la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, con el objetivo primordial de realizar un abordaje territorial en garantía de un integral acceso a la justicia de los afectados por la causa. 