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El día de ayer Ricardo Richiello, defensor público oficial y cotitular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación (DGN); Juan Manuel Rojas Amantegui, prosecretario administrativo y coordinador de la misma Comisión; y Luciano Hazán, secretario letrado y coordinador del Programa contra la Violencia Institucional de la DGN, formaron parte de una comitiva del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles que concurrió sin previo aviso al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El objeto de la visita fue monitorear los sectores destinados a la educación, principalmente el Centro Universitario Devoto. Allí funciona el Programa UBA XXII, dependiente de la Secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires, que dicta carreras de grado y cursos presenciales (actividades de extensión) en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal, con la finalidad garantizar el acceso a la formación universitaria curricular y extra curricular de personas que se encuentran privadas de su libertad.

La comitiva del Sistema mantuvo entrevistas confidenciales con los estudiantes e inspeccionó el Pabellón Universitario, alojamiento colectivo en el que conviven 74 personas. Allí se constataron indicadores de hacinamiento y condiciones que se encuentran al límite del mínimo establecido por los estándares internacionales -Reglas Mandela-. Entre otras situaciones, se pudo constatar suciedad, mesas y sillas rotas, falta de calefacción, deficiencias en el funcionamiento de los anafes en la cocina y pérdidas de agua.

Al finalizar la recorrida, la comitiva se reunió con las autoridades del Complejo en una mesa de diálogo en la que se hicieron señalamientos con relación a la continuidad de los programas de educación y a la importancia del espacio educativo para la reinserción al medio libre. Las autoridades del Complejo se comprometieron a asegurar la continuidad del programa y a colaborar para que las prestaciones de enseñanza primaria, secundaria y universitaria lleguen a la mayor cantidad de internos alojados en la Unidad. Además, se plantearon reclamos acerca cuestiones vinculadas a la atención médica de los internos, a deficiencias de infraestructura y al sistema de calificaciones.
La comitiva estuvo integrada también por el presidente del Sistema, el juez Gustavo M. Hornos; el juez Sergio Paduczak; los integrantes de la Procuraduría contra la Violencia Institucional Bárbara Franco, Juan Manuel Introzzi y Luciana Virgolini; y Eva Asprella y Macarena Fernández Arancibia, por el CELS. Contó con la asistencia como actuaria de la secretaria del Sistema, Lucía Gallagher, y el jefe de despacho Nicolás Herbin.

Durante la recorrida estuvieron presentes el jefe del Complejo, Adrián Espinosa, el subjefe Hugo Medina y el delegado de ejecución de la Cámara Federal de Casación Penal Juan Ignacio Milano.