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La Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación (DGN), a través de su cotitular Lucas Safarsi, promovió ante el Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán tres acciones de hábeas corpus correctivo y colectivo a favor de los internos federales alojados en las Unidades Penitenciarias de Villa Urquiza y en el Penal de Concepción, de la provincia de Tucumán. Uno de los reclamos de la defensa pública oficial trata sobre la falta de acceso a la justicia en relación a la tramitación de las presentaciones judiciales realizadas por los internos. Otro planteo es por problemas en la provisión de alimentos en los penales. La tercera denuncia es por malas condiciones de habitabilidad e higiene, así como hacinamiento de la población carcelaria y falta de acceso a la salud.

El defensor denunció las violaciones a los derechos humanos producto de las condiciones inhumanas de habitabilidad verificadas en dichos lugares, las cuales “agravan de una manera ilegítima e ilegal las condiciones de detención”. Y solicitó que los beneficios que surjan como efecto de la acción se extiendan al resto de la población carcelaria.

Las irregularidades se pudieron constatar en una visita que la Comisión de la DGN, junto con funcionarios de la Procuración Penitenciaria Nacional y de la Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán, entre otros, realizó el 9 y 10 de agosto a los establecimientos penitenciarios. Esa actividad se realizó en el marco de una jornada de capacitación organizada por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT).

El defensor sostiene que “las condiciones de detención observadas en las dependencias de los Penales de Villa Urquiza y de Concepción son absolutamente indignas, e ingresan directamente en el concepto de ‘malos tratos’”. Además, el informe señala que la situación no cumple con los estándares mínimos establecidos en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y el art. 18 de la Constitución Nacional, que prescribe que las cárceles deben ser sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los detenidos. Por eso el defensor advierte que las condiciones denunciadas, también señaladas 9 de marzo de 2017 por el Observatorio Internacional de Prisiones (OIT) para la República Argentina, compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino.

El juez ya emitió un decreto en el cual ordena que se realicen las primeras medidas de prueba acerca de las irregularidades que fueron denunciadas en relación a la alimentación y al acceso a la justicia de los internos. El magistrado solicitó informes a las autoridades penitenciarias y la intervención de organismos público como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) para el control de los alimentos que los penales proveen a la población carcelaria.

Acceso a la justicia
La denuncia de la Comisión de Cárceles de la DGN sostuvo que en los penales denunciados se viola el derecho al acceso a la justicia de los internos federales. En esta materia, los reclamos tienen que ver con que casi nunca llegan a destino los escritos que presentan los internos a las autoridades de las distintas Unidades del Servicio Penitenciario Provincial para que sean dirigidos a sus abogados, a las autoridades judiciales, a organismos de derechos humanos, o a familiares. “Las peticiones de audiencia o los recursos de hábeas corpus casi nunca se diligencian”, sostuvieron los internos según la defensa.

“Los pedidos escritos que se judicializan […] son los que el servicio penitenciario ya realizó una investigación preliminar y saben que el interno no va a denunciar amenazas, atención médica, irregularidades, hechos de violencia, denuncia de apremios o torturas ocurridos en el penal, sino que tienen que ver con beneficios previstos en la ley 24660 que no se le otorgan a los internos, o se los quitan, o con pedidos para saber el estado de la causa, etc”, dice la denuncia.

Además, los internos le dijeron al defensor que en algunas ocasiones el personal del servicio penitenciario les cobra para gestionar sus escritos y que cuando mandan sus reclamos con sus familiares, al retirarse del penal son requisados y les quitan los pedidos que les fueron entregados. También manifestaron que no pueden realizar este tipo de denuncia por temor a represalias del servicio penitenciario.

Se denuncia también que cuando hay un reclamo de un interno ante las autoridades judiciales el director de la Unidad realiza una audiencia con éste en vez de diligenciar directamente el pedido. Según el defensor este mecanismo consiste una “arbitrariedad” y funciona como un “filtro, no previsto en la ley.”

Alimentación
En otro de los hábeas corpus el cotitular de la Comisión de Cárceles de la DGN responsabiliza al Estado provincial, por intermedio del Servicio Penitenciario, por la falta de alimentación adecuada en los penales. Los internos reclamaron tanto por la calidad como la cantidad de comida suministrada, también por el incumplimiento de dietas especiales asignadas por los profesionales de la salud. Describieron que las cuatro comidas diarias son bajas en proteínas y sin valor nutricional, además no se respetan los horarios. Los internos manifestaron que la comida que provee el Servicio Penitenciario es “incomible” (generalmente la sirven fría, en mal estado de conservación y cocción, y sin respetar los criterios higiénicos básicos), por lo que deben cocinar ellos mismos en sus celdas con los productos que les llevan sus familiares. “De ningún modo, la provisión por parte de familiares de estas comidas puede suplir esta responsabilidad [de …] la administración penitenciaria”, afirma la presentación de la Comisión de Cárceles de la DGN.

Las consecuencias de estas deficiencias son una notoria desmejora en el estado de salud de los internos: constantes indigestiones, problemas estomacales, baja de peso, anemia y debilidad permanente. El planteo del defensor sostiene que “alimentarse debidamente es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos”. “Es el Estado quien debe poner fin a dichas violaciones y garantizar que se respete el derecho humano a una alimentación adecuada que tiene toda persona sin discriminación, máxime cuando está bajo custodia estatal”, afirma la presentación.

Habitabilidad
El estado estructural y de mantención de las Unidades general es calificado por el defensor como “pésimo”, a ello se suman las condiciones de hacinamiento, las dificultadas para el acceso a la salud, el prolongado encierro de los internos, que “constituyen elementos y circunstancias que ponen en riesgo la integridad física y psíquica” y “una flagrante vulneración de los Derechos Humanos de los internos allí alojados”.

La denuncia describe que las duchas y letrinas ubicadas en las celdas se encuentran en malas condiciones y los internos no poseen agua caliente para bañarse; además el servicio penitenciario no les entrega a los internos ropa de cama. La mayoría de las ventanas de las celdas están rotas y permiten el ingreso del frío y la lluvia. Los sanitarios comunes en algunos casos están colapsados, se tapan constantemente y hay un olor nauseabundo; las ducha no permiten mantener la intimidad y hay hongos en las paredes. La mayoría de los internos permanecen encerrados entre 16 y 18 horas por día en celdas de mínimas dimensiones y cuya higiene es deficiente, pero en algunos casos el régimen de encierro llega a las 23 horas diarias. Los colchones están en mal estado y no todos serían ignífugos. También se registran faltas de ventilación y luz natural en varios sectores, y deficiencias de las instalaciones eléctricas. Hay sectores que no cuentan con baños en el interior de las celdas, por lo que el interno debe requerir al guardia para ir al baño y acceder a agua potable, lo que no siempre es otorgado. El baño para las visitas está en las mismas condiciones deplorables. También los internos expusieron las dificultades que afrontan para acceder a la salud, por falta de personal del servicio médico del Penal, como así también la falta de insumos o medicamentos.