El defensor público oficial Guillermo Todarello, cotitular y coordinador de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, participó el miércoles pasado de una visita de monitoreo al Complejo Penitenciario Federal I, para relevar las condiciones generales de detención y para recabar información sobre el contexto en que tuvieron lugar las numerosas muertes por presunto suicidio ocurridas en el establecimiento federal desde enero de este año.
De acuerdo a un informe estadístico elaborado por el Programa contra la Violencia Institucional de la DGN, desde enero hasta agosto de 2017 se registraron 26 fallecimientos en unidades del Servicio Penitenciario Federal. De ese total, 13 muertes (un 50 por ciento) fueron por presuntos suicidios producidos por ahorcamiento; de los cuales 9 (el 69 por ciento) sucedieron en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Estos datos marcan un incremento de más del 100 por ciento de los fallecimientos por presuntos suicidios por ahorcamiento respecto del año pasado (en todo 2016 ocurrieron 6 casos).
Todarello integró una comitiva compuesta por los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Antonio Pacilio y Roberto Lemos Arias; el Fiscal General ante la misma Cámara, Julio A. Piaggio; el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Lomas de Zamora , Federico Villena; el Fiscal Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, Sergio N. Mola; los secretarios delegados de Casación Luis López Lo Curto y Víctor Brescia y secretarios de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata y de los Juzgados Federales de Lomas de Zamora, entre otros.
Durante el curso de la visita se mantuvo una reunión conjunta con el jefe del Complejo, prefecto René Ascona; la subjefa, prefecta Sonia Álvarez, y los titulares de las áreas de seguridad interna, requisa, tratamiento y administrativa del establecimiento. También se realizaron entrevistas individuales con el subjefe a cargo del Hospital Penitenciario Central I, el titular del Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (PRISMA) y el equipo a su cargo y los directores de las Unidades Residenciales III, IV y V.
Luego de inspeccionar los distintos sectores de alojamiento, se mantuvieron entrevistas con profesionales médicos y con autoridades del establecimiento, a los cuales se los consultó respecto del protocolo aplicado en los casos de presunto suicidio y sobre las medidas de prevención que se están adoptando actualmente para evitar su repetición; y se solicitó información sobre el tratamiento psicológico y psiquiátrico que en vida se les dio a los fallecidos.
Finalizada la visita se llevó a cabo una nueva reunión con las autoridades del Complejo, durante la cual el juez Pacilio informó que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata elaborará un documento con la información recabada, que será enviado a los titulares del Servicio Penitenciario Federal, del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa y de los Juzgados Federales en los cuales se investigan las muertes acaecidas en el Complejo.
