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El Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles realizó el miércoles 12 de julio una visita sin aviso previo a las Unidades Residenciales III y IV del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. La inspección, de la que participó el defensor público oficial Guillermo Todarello, quien también es cotitular y coordinador de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación (DGN), se debió a que en el último mes y medio en esa Unidad se produjo un inusual número de hechos que han sido identificados por la autoridad penitenciaria como suicidios.

En este sentido, un informe estadístico elaborado por el Programa contra la Violencia Institucional de la DGN registró 23 fallecimientos en unidades del Servicio Penitenciario Federal durante el primer semestre de 2017. De ese total,  11 muertes (casi un 50 por ciento) fueron por presuntos suicidios producidos por ahorcamiento; de los cuales 7 (el 63 por ciento) sucedieron en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Estos datos marcan un incremento de más del 100 por ciento de los fallecimientos por presuntos suicidios por ahorcamiento respecto del año pasado (en todo 2016 ocurrieron 6 casos).

Durante la visita realizada por el Sistema se observaron en especial los sectores del establecimiento destinados al alojamiento de internos que se encuentran bajo el Protocolo de Resguardo de Personas de Especial Vulnerabilidad. Estos espacios alojan internos sancionados y aquellos que por sus características personales y antecedentes son más difíciles de albergar en otros sectores del Complejo.

En el Pabellón J se comprobaron deficiencias en el funcionamiento de inodoros y canillas y falta de suministro eléctrico. En tanto en las celdas individuales se observó presencia de agua en el piso y carencia de colchones. Esas condiciones se suman a un régimen de aislamiento extremo: 23 horas de encierro en celda individual y una para salir al patio y hablar por teléfono.

Por estas circunstancias el Sistema consideró que las condiciones del Pabellón J no coinciden con los estándares mínimos de alojamiento y de respeto a la dignidad humana. Por eso se requirió el inmediato realojamiento de cinco internos con las medidas de seguridad que cada uno requiera, previa alimentación y revisión médica. Por su parte, el Director del Complejo se comprometió a finalizar la refacción del sector y a no alojar internos allí hasta adecuarlo a condiciones de vida dignas. Las autoridades también informarán al Sistema sobre el resultado de los realojamientos y las gestiones específicas del pabellón.

Asimismo, acompañada por las autoridades del Complejo, la comitiva recorrió los pabellones H e I del Módulo Residencial IV del Complejo y el sector Educación, en los que se hicieron señalamientos puntuales como atención médica, higiene y mantenimiento.

Con el objeto de que los internos accedan mejores condiciones de alimentación, información y entretenimiento, se solicitó que se arbitren los medios necesarios para el ingreso de un televisor y de un horno microondas, los que ya fueron entregados por las autoridades del Complejo.

El defensor Todarello informó que, también en el marco de esta visita, la Comisión de Cárceles se entrevistó con diversos internos a los que asesoró. “La Comisión recibió una importante cantidad de pedidos que están siendo atendidos y canalizados adecuadamente”, dijo.

La comitiva del Sistema estuvo integrada también por el presidente del Sistema, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo M. Hornos; el fiscal a cargo de la Procuraduría contra la Violencia Institucional, Fernando Vallone; y la coordinadora del área de encierro, Bárbara Franco. Asistieron también la secretaria del Sistema Lucía Gallagher y el jefe de despacho Nicolás Herbin.