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En una reunión de la Alianza Estratégica por Niñas, Niños y Adolescentes afectados por el Sistema Penal (NNAASP), integrantes de la Defensoría General de la Nación (DGN) manifestaron su preocupación por las problemáticas que observaron en visitas a la Unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal (SPF), donde se aloja a mujeres embarazadas y a mujeres con hijos de hasta 4 años de edad. Los funcionarios de la DGN señalaron que la ausencia de personal especializado, la falta de limpieza en los pabellones y la escasa presencia de organismos de protección de la niñez, entre otros factores, afectarían el acceso de los niños a sus derechos.

Los encuentros de la alianza estratégica comenzaron en 2016, cuando la Defensoría del Pueblo de la Nación propuso a la DGN y a otras instituciones, organismos y ONG que se reúnan con el objetivo de crear programas destinados a atender las vulneraciones específicas que padecen los chicos con referentes adultos encarcelados, y los adolescentes en conflicto con la ley penal.

En el último encuentro, los integrantes de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niños, Niñas y Adolescentes de la DGN y del Programa de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad del mismo organismo plantearon su inquietud por la situación de las mujeres embarazadas y mujeres con hijos de hasta 4 años, que se encuentran detenidas en la Unidad 31 del SPF. Una de las principales dificultades surge cuando las personas condenadas a más de tres años de prisión sufren la privación de la responsabilidad parental, por aplicación del artículo 12 del Código Penal.

“Es un bache en la legislación que padecen muchos de los hijos de estas mujeres alojadas en la Unidad 31”, explica María García Morabito, coordinadora de la Comisión del Niño de la DGN. “Como no cuentan con la representación de sus padres, el Estado debería proporcionarles a estos niños un tutor o representante legal, pero muchos no lo tienen. Entonces ¿quién es el responsable si pasa algo? Si hay que operar a un chico, por ejemplo, ¿quién lo autoriza?”, insiste.
 
A los integrantes de ambos programas de la DGN también les preocupa la inexistencia de un protocolo (y/o convenio con organismos especializados) que regule las salidas recreativas de estos niños, la ausencia de especialización y capacitación del personal y la escasa presencia de organismos de protección de niñez, además de la falta de limpieza en los pabellones.
 
Asimismo, los funcionarios señalaron como especialmente problemática la intervención del equipo RAM (Reglamento de Alojamiento de Menores) en la misma Unidad 31. Se trata de un comité integrado por miembros del SPF que evalúa el “comportamiento” de las madres con sus hijos. De acuerdo con un informe de la Comisión del Niño de la DGN, en una visita de seguimiento realizada en noviembre de 2016, “varias mujeres expusieron que muchas veces [el equipo RAM] utiliza como amenaza el ‘quitarles al niño’ para evitar que generen conflictos en los pabellones y realicen reclamos”. La DGN ya ha solicitado la modificación del Reglamento de Alojamiento de Menores de edad, y su adecuación a la legislación actual, además de la intervención de los servicios de protección de derechos del niño y la supervisión de personal especializado. Directivos de la Unidad 31 han informado que están a la espera de la aprobación de la Dirección Nacional del SPF para modificar finalmente el citado Reglamento.

Para la segunda mitad del año, la alianza estratégica se propone redactar un memorando de entendimiento que contenga una serie de estándares mínimos sobre los derechos de estos niños y adolescentes afectados por el contacto con el sistema penal. Torturas y tratos crueles, requisas invasivas, traslados intempestivos, distancias kilométricas entre el hogar familiar y la unidad penitenciaria, y el impedimento de contacto por falta de recursos son solo algunos de los temas que suelen plantearse en las reuniones mensuales, en las que también participan el Ministerio de Justicia de la Nación, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y la Procuración Penitenciaria, entre otras instituciones y organismos nacionales y provinciales.
 
En la próxima reunión, que se realizará a fin de mes, los integrantes de la mesa de trabajo analizarán la situación de los adolescentes alojados en centros de régimen cerrado.