Durante el 47° período de sesiones de la Asamblea General de la OEA, llevado a cabo en Cancún, México, del 19 al 21 de junio de este año, se adoptó una resolución ómnibus sobre acciones destinadas a la promoción y protección de derechos humanos, entre las que se incluyó la actuación de la defensa pública.
El proyecto de esta resolución fue propuesto por la Misión Permanente Argentina en la OEA a instancias de la Defensoría General de la Nación (DGN), en el marco de las políticas de fortalecimiento de la defensa pública en la región que lleva adelante la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF). El documento, además, fue copatrocinado por las misiones permanentes de Chile y Paraguay ante la OEA.
La resolución destaca la importancia de la defensa pública oficial autónoma como garantía de acceso a la justicia de grupos vulnerables. En la parte resolutiva del apartado VI el documento convoca a:
“1) Alentar a los Estados y a las Instituciones de Defensa Pública Oficial de las Américas para que desarrollen en su trabajo cotidiano y en el marco de su autonomía, según corresponda, buenas prácticas destinadas a la aplicación de herramientas, incluidas las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad con el objetivo de trabajar para la remoción de los obstáculos existentes para el acceso a la justicia y el goce de sus derechos.
2)Alentar los Estados y a las Instituciones de Defensa Pública Oficial a procurar el absoluto respeto a las labores de los defensores púbicos en el ejercicio de sus funciones, libre de injerencias y controles indebidos por parte de otros poderes del Estado, como una medida para garantizar el derecho de acceso a la justicia de todas las personas, en particular de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
3)Tomar nota de los Principios y Directrices sobre la Defensa Pública en las Américas, aprobados por unanimidad por el Comité Jurídico a través de la resolución CJI/RES. 226 (LXXXIX-O/16), los que sistematizan y refuerzan conceptos centrales de las resoluciones sobre Defensa Pública, adoptadas por esta Asamblea General, así como solicitar al Departamento de Derecho Internacional que le dé la más amplia difusión.
4)Alentar a los Estados y a las instituciones de defensa pública oficiales en las Américas para que se garanticen a las mujeres acceso efectivo e igualitario a la justicia, sin discriminación de ninguna naturaleza”.
Principios y Directrices sobre la Defensa Pública en las Américas
El 13 de octubre de 2016, en el marco del 89º Período Ordinario de Sesiones del Comité Jurídico Interamericano (CJI), llevado a cabo en Rio de Janeiro, Brasil, se había adoptado por unanimidad la resolución CJI/RES. 226 (LXXXIX-O/16) mediante la cual se aprobaron los Principios y Directrices sobre la Defensa Pública en las Américas. El documento, que fue elaborado por la AIDEF, sistematiza los estándares en materia de defensa pública que la Asamblea General de la OEA ha desarrollado en las resoluciones adoptadas desde 2011.
El documento reconoce que el trabajo de los defensores públicos oficiales constituye un aspecto esencial para el fortalecimiento del acceso a la justicia y la consolidación de la democracia; también subraya la obligación de los Estados de eliminar los obstáculos que afecten o limiten el acceso a la defensa pública, de manera tal que se asegure el libre y pleno acceso a la justicia y destaca la importancia de que la defensa pública cuente con independencia, autonomía funcional, financiera y/o presupuestaria.
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