En el marco de diversas actividades programadas por la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a nuestro país, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, participó hoy en el “V Seminario Nacional sobre el Mecanismo de Soluciones Amistosas”, organizado por la CIDH, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina. El evento se realizó en el hotel Sheraton de la ciudad de Buenos Aires.
Durante el panel de apertura del seminario, que Martínez compartió con el presidente de la CIDH y relator para la Argentina, Francisco Eguiguren; el secretario nacional de Derechos Humanos, Claudio Avruj; y el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, la defensora general celebró los esfuerzos de la Comisión Interamericana en su trabajo cotidiano en los distintos países que conforman el sistema, y se refirió a los escollos que encuentra en su tarea como representante de peticionarios.
“Que ustedes estén hoy presentes en nuestro país revaloriza nuestras peticiones”, expresó a los miembros presentes de la CIDH. “Es importante que vengan, porque así las víctimas sienten el respaldo de la Comisión como una realidad, y no como algo lejano que viene desde Washington o Costa Rica”, explicó.
Sobre el mecanismo de solución amistosa, Martínez refirió que “hay un motivo fundamental para promover su uso, y es un motivo pragmático: el tiempo”. En este punto, cabe mencionar que la solución amistosa es una vía que ofrece el sistema interamericano para que las partes puedan negociar y solucionar conflictos de manera consensuada, sin tener que llegar a un proceso ante la Corte Interamericana.
“No podemos demorarnos cuando hay peticionarios que están privados de libertad”, explicó, y recordó el caso “Mendoza y otros vs. Argentina”, en el que la Defensoría General de la Nación actuó como representante legal de menores de edad que habían sido condenados a perpetua. En ese momento, el poder ejecutivo no accedió a una solución amistosa, y el caso debió impulsarse por la vía contenciosa.
“Presentamos la denuncia el 1º de julio de 2002, y recién tuvo sentencia en 2013, 11 años después”, relató la defensora general. “El pronunciamiento de la Corte IDH fue duro, ejemplificador. Es una pena que, 4 años después, Argentina continúe con el mismo régimen penal de minoridad promulgado por la dictadura militar. Para colmo, un proyecto de ley que circula promueve bajar la edad de imputabilidad, medida que sería ilegal porque violaría el principio de no regresividad”, lamentó.
“Por eso, entiendo que, en muchos casos, en especial aquellos en los que hay personas privadas de libertad, es preferible una solución amistosa rápida y regular, antes que una sentencia maravillosa, pero muy larga”, insistió la defensora. Como ejemplo, mencionó el caso de Sandra Chaves (“Marcos Gilberto Chaves y Sandra Beatriz Chaves vs. Argentina”), a quien la Defensoría representó, que había sido condenada a prisión por un tribunal que utilizó criterios discriminatorios y sexistas. El remedio llegó por un acuerdo de solución amistosa, y el gobierno provincial dejó en libertad a los peticionarios.
Por último, Martínez impulsó a todos los defensores para que insistan en utilizar el mecanismo, “porque es la solución más racional”, y pidió a la Comisión Interamericana que no cese en sus visitas al país. “La CIDH es un arma valiosísima y un consuelo moral enorme para los peticionarios y las víctimas”, concluyó.
Por su parte, el comisionado Francisco Eguiruguen subrayó los pocos recursos con que cuenta la Comisión y el camino “demasiado largo” que implica, para las víctimas, esperar una sentencia de la Corte Interamericana. “En ese sentido, el mecanismo de soluciones amistosas aparece como una alternativa importante”, explicó. “Una justicia obtenida por esta vía no es renuncia ni concesión, es desburocratizar, humanizar el procedimiento”, comentó. “Cara a cara, expeditivamente, y con asesoría de la CIDH, se puede avanzar mejor. Tiene que haber una visión realista, y para eso se requiere una apertura de criterio y buena voluntad. Queremos que cada día se conozcan más las ventajas y la forma de operativizar este mecanismo. La CIDH tiene que ser cada vez más proactiva para impulsarlo”.
Claudio Avruj, a su turno, le dio la bienvenida a la CIDH a la Argentina, y argumentó que las soluciones que se puedan encontrar en el marco del sistema “no conflictúan al Estado, sino que lo hacen verse a sí mismo en aquellos casos en que no pudo, no quiso o no supo. Las soluciones están en los libros, pero también en la buena voluntad. La justicia que tarda daña a las víctimas y a la sociedad en general”.
Para finalizar, Santiago Cantón, quien fuera secretario ejecutivo de la CIDH entre 2001 y 2012, dijo no estar “tan seguro de que las resoluciones amistosas sirvan para reducir el retraso procesal”. Mencionó dos aspectos que cree que deben modificarse para avanzar: los Estados tienen que actuar de buena fe, y no usar las soluciones amistosas para dilatar el proceso; y “dejar de pensar en el litigio automático. Los Estados piensan ‘me tengo que defender’, cuando deberían pensar en cómo resolver el problema”. También reclamó mecanismos internos de los países para cumplir las decisiones internacionales de la CIDH. “Este es el desafío que tiene el Estado. Tenemos un sistema internacional muy bueno, pero no podemos ejecutar rápidamente sus decisiones hacia adentro”, afirmó.
Más tarde, en el panel “Presentación de la experiencia argentina: perspectiva de peticionarios”, el coordinador general de programas y comisiones de la Defensoría General de la Nación, Gustavo Iglesias, se centró en el caso de Sandra Chaves –allí presente– y en el uso de la solución amistosa. Sobre este procedimiento, afirmó que “es el Estado quien debería asumir una actitud proactiva para llevar adelante el mecanismo de solución amistosa. ¿Cómo? Con la supervisión firme de la Comisión Interamericana”. Además, Iglesias destacó que “tomar a la víctima como interlocutora a los efectos del mecanismo de solución amistosa es importante para ella, porque se le está haciendo saber que es alguien que importa y a quien se le van a dar explicaciones”.
Un día antes de la realización del seminario, la titular de la Defensoría General de la Nación había asistido a dos reuniones de trabajo convocadas por la CIDH, en las que se abordaron casos donde la Defensoría General de la Nación actúa como patrocinante de presuntas víctimas ante el sistema interamericano. En ellas participaron, además de los miembros de la CIDH, los representantes del Estado argentino.
