La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, participó ayer a la tarde en el Seminario Internacional “Miradas y Aportes para el Pleno Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública. Perspectiva Iberoamericana”, organizado por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, y auspiciado por la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RTA) y el Programa para la Cohesión Social en América Latina (EuroSocial). El evento se llevó a cabo en el Salón Pueblos Originarios de la Casa Rosada.
“Hay que asumir el derecho a la información como un derecho humano”, afirmó allí la titular de la Defensoría General de la Nación al dar comienzo a su intervención en el panel “Transparencia, apertura de datos y acceso a la información en el ámbito del Poder Judicial. Experiencias de la Región”. Se trata de un derecho, continuó, “que ya se encuentra en la ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa, donde se contempla expresamente el derecho a la información pública. En la ley, se prevé que los integrantes del organismo deben garantizar la transparencia de su actividad, informar mediante lenguaje sencillo y práctica desformalizada las disposiciones y criterios que orientan su actuación y los resultados de su gestión”.
A lo largo de su exposición, Martínez detalló los numerosos aspectos en los que el organismo que encabeza trabaja en pos de garantizar la transparencia y el derecho de la ciudadanía a tener acceso a la información pública, que incluyen la creación de una Oficina de Acceso a la Información Pública, la realización de auditorías internas y externas, el desarrollo de una página web oficial (www.mpd.gov.ar) donde los ciudadanos pueden acceder, de manera sencilla, a toda la información relativa al Ministerio, la instauración de un sistema de declaraciones juradas para magistrados y funcionarios, la elaboración de informes anuales presentados al Congreso y publicados en la web, entre otras medidas.
La defensora general también destacó la sanción, en septiembre de 2016, de la ley de Derecho de Acceso a la Información Pública (Ley 27.275), que ponderó como “un enorme avance, que constituye una herramienta útil para promover la participación ciudadana y representa un elemento primordial para combatir la corrupción”.
“La utilización del secretismo, práctica muy difundida en la esfera judicial, es algo vetusto y debe ser dejada atrás”, afirmó la defensora. “Todo ciudadano debe poder conocer qué hace un servicio público; y la administración de justicia no es ni más ni menos que un servicio público”, culminó.
Junto con Martínez, participaron en el panel José María Costa Ruíz (director de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay), Jaime Campos Pérez (comisionado del Instituto de Acceso a la Información en El Salvador) y Miguel Piedecasas (vice-presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación de Argentina).
Durante la jornada, que comenzó por la mañana con palabras del jefe de gabinete de ministros de la Nación, Marcos Peña, se sucedieron cinco paneles temáticos: “La importancia de la asociación iberoamericana en pos de la Transparencia y el Acceso a la Información: La Red de Transparencia Activa”, “La implementación de las políticas de Transparencia y Acceso a la Información en la Administración Pública”, “Las políticas de Transparencia en los Estados Subnacionales. Implementación, Control y Supervisión”, “La importancia de la Transparencia Legislativa como modo de fortalecer la democracia” y el mencionado “Transparencia, apertura de datos y acceso a la información en el ámbito del Poder Judicial. Experiencias de la Región". Culminó, promediando la tarde, con las palabras de cierre del ministro del interior de la Nación, Rogelio Frigerio.
