La secretaria letrada a cargo de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación (DGN), Raquel Asensio, expuso ayer en el Senado sobre el Proyecto de Ley Nacional de Protección, Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos.
Ante el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda de la cámara alta, la funcionaria explicó las particularidades del programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico Gratuito para Víctimas de Violencia de Género que funciona en la DGN. Este programa fue creado a partir de la sanción de la ley de protección integral a las mujeres (ley Nº 26.485), hecho que permitió que el organismo ampliara su competencia para incluir a las víctimas de delitos como parte de sus asistidos.
Asensio describió algunos de los problemas con los que se encuentra cotidianamente en el desempeño de su tarea. “Desde que empezamos a ofrecer estos servicios, hemos brindado más de 15000 intervenciones. En promedio, por año recibimos alrededor de 2500 consultas”, detalló, y agregó: “Las mujeres que llegan a nuestra oficina a pedir patrocinio están insertas en situaciones complejas de violencia de género: el 46% refiere hechos de violencia sexual; el 92% de aquellas que tienen hijos denuncian violencia directa contra ellos; y en 8 de cada 10 casos sufren violencia con una antigüedad mayor al año y con una frecuencia que puede ser diaria o semanal”.
La funcionaria aclaró que si bien la ley admite que las denuncias sean presentadas sin la participación de un abogado, es evidente que “cuando las víctimas van sin un asesoramiento legal previo y especializado, muchas medidas que pueden hacer cesar la situación de violencia no son adoptadas”.
Después de afirmar que 1 de cada 3 de las mujeres asistidas por el programa ya había denunciado antes hechos de violencia, Asensio concluyó que el proceso actual no es suficiente para dar una respuesta de fondo a la situación que atraviesan. “Sigue habiendo muchos obstáculos para que la mujer pueda presentar la denuncia, y uno de los principales tiene que ver con la dependencia económica y la falta de políticas para el autovalimiento de estas personas. Si los recursos del Estado se agotan en la denuncia y no en una medida formal de protección, no hay alternativa posible y realista a la situación de violencia”, finalizó.
El Proyecto de Ley cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, y tiene como fin la tutela integral de la víctima durante todo el proceso penal. Para ello, define como eje principal la creación de centros para la atención de quienes hayan sufrido un delito, así como la garantía de una asistencia legal gratuita.
En su participación del pasado 4 de abril, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, se manifestó a favor de un mecanismo como el que promueve el proyecto, porque “muchas veces, a quien sufre un delito no se le reconoce su rol de sujeto de derecho y se lo trata como objeto de prueba”, pero advirtió que ninguna ley puede funcionar sin un presupuesto adecuado y que la norma solo podría destinarse a las víctimas de delitos graves.
Para más información sobre las oficinas de asesoramiento y patrocinio jurídico, cliquee el siguiente enlace: http://www.mpd.gov.ar/index.php/programas-y-comisiones/55-comision-sobre-tematicas-de-genero#nacional.
