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El 27 de marzo, un detenido falleció en la cárcel federal ubicada en la ciudad salteña de General Güemes (CPF III - NOA). Los demás presos alojados en los Pabellones 4 A y B iniciaron una huelga de hambre para apoyar el reclamo de su viuda, quien denunció que su marido tuvo una atención médica insuficiente por parte del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante el episodio que lo llevó a la muerte.

A partir de una comunicación telefónica con los internos, Benjamín Solá, cotitular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación (DGN), se presentó en el Pabellón para constatar lo ocurrido, y se entrevistó con varios detenidos que narraron los hechos que llevaron al deceso de Héctor Villalba Ortiz.

Los reclusos denunciaron que el interno recibió escasa atención médica antes de su muerte. El funcionario de la DGN conversó también con la mujer del fallecido, quien lo puso al tanto de la situación en forma coincidente con lo que expresaron los otros detenidos.

El episodio derivó en la presentación de alrededor de 100 habeas corpus por parte del resto de los alojados. La Comisión de Cárceles de la DGN se constituyó como parte en el expediente judicial que lleva adelante el Juzgado Federal N° 1 de Salta, y continuará participando en la acción de habeas corpus. La causa fue caratulada “Detenidos alojados en los Pabellones 4 A y B del CPF III y Toromolla, Verónica s/ habeas corpus”.

El derecho a acceder al servicio médico se encuentran entre los preceptos de las Reglas Mandela (versión actualizada de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas), donde se afirma que el Estado debe garantizar a los internos “los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a los servicios de salud necesarios sin discriminación por razón de su situación jurídica”.