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El juez federal, Guillermo Daniel Molinari, resolvió hacer lugar a una acción de habeas corpus correctivo y colectivo, realizada en conjunto por la defensora pública oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero y la fiscal general ante dicho juzgado, para subsanar las condiciones de detención “inhumanas” que se registran en la Unidad Nº 35 debido a problemas en los desagües cloacales.

El habeas corpus, presentado el 3 de marzo por la defensora María Angelina Bossini y la fiscal Indiana Garzón, pedía solucionar las graves deficiencias detectadas en el penal de manera urgente, las cuales implican “un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención en los términos del art. 3 inc. 2 de la Ley 23.098 y el artículo 43 de la Constitución Nacional”.

Entre las irregularidades constatadas, se encuentran los problemas en los desagües cloacales (cuatro cámaras sépticas desbordadas y con olor nauseabundo, y dos pozos ciegos tapados); también que las autoridades penitenciarias no entregan de elementos de higiene personal y de limpieza; y desperfectos en algunos ventiladores, mientras que otros se encuentran fuera de servicio. Esa situación asimismo genera un incumplimiento por parte del Estado a las Reglas Mandela - Reglas Mínimas de Naciones Unidas para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

El 6 de marzo se realizó una audiencia en la que participaron las representantes de la defensa pública oficial y de la fiscalía federal, y el director de la penitenciaría. Durante la reunión, en la que también participaron la defensora oficial de Primera Instancia, Silvia Abalovich, y el agente fiscal federal, Pedro Eugenio Simón; el director de la penitenciaría, Juan Ramón Ferreyra, expuso que desde marzo de 2015 se encuentra en trámite la construcción de la planta de tratamiento de efluentes. Además, planteó la posibilidad de construir un nuevo pozo absorbente, pero que esto llevaría entre 30 y 45 días, dependiendo del clima. A su vez, Ferreyra expuso que el vaciado de los pozos existentes se realiza por medio de camiones atmosféricos de una empresa privada, pero que se le podría dar intervención a la Dirección de Recursos Hídricos.

En su resolución del 8 de marzo, el juez federal ordenó a Recursos Hídricos de la provincia que los camiones de esa institución intervengan “las veces que sean necesarias” en las tareas de desagote para prevenir nuevos desbordes; y encomendó a las defensorías oficiales de Primera Instancia y ante el Tribunal Oral Federal en lo Penal colaborar en la tramitación de ese servicio, que deberá continuar vigente hasta que el SPF cuente con medios suficientes para solucionar el problema que dio origen a la denuncia.

El juez también instruyó a la Dirección Nacional de Mantenimientos y Obras Penitenciarias del Ministerio de Justicia y DDHH que informe sobre el estado en el que se encuentra la construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, y pidió agilizar la obra para evitar la contaminación y prevenir que los internos contraigan enfermedades.