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El 23 de febrero, la Defensoría General de la Nación (DGN) participó en la última mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el marco de las discusiones sobre un nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.

Allí, Damián Muñoz, defensor público oficial ante los Tribunales Orales de Menores Nº 2 y co-titular de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes de la DGN, expuso argumentos que anticiparon el tono y el posicionamiento casi unánime que se consolidó a lo largo del desarrollo de la mesa: “La Defensoría General de la Nación sostiene enfáticamente la negativa a la baja de edad de punibilidad. Esto no es un eslogan, sino que tiene fundamentos normativos y políticos”.

“En principio –continuó el defensor– consideramos que la baja afecta a los principios de mínima intervención y de última ratio que, en materia penal juvenil, son especialmente restrictivos. Intentar la baja de edad, que implicaría extender el ámbito de punibilidad a un segmento etario que hoy no es punible, afectaría a los dos”.

Asimismo, sostuvo que bajar la edad “también violaría el principio de progresividad y de no regresividad en materia de DDHH, en tanto que la edad mínima de punibilidad de 16 años que rige hoy en nuestro país tiene una tradición que viene de, por lo menos, 1954 (con la Ley 14.394), a excepción de la baja y luego elevación que hizo la última dictadura cívico-militar. Resulta, por lo menos, contradictorio intentar zanjar y evitar una ley de la dictadura cívico-militar, y por otro lado coincidir en la baja a la edad de punibilidad, que fue lo que hizo la propia dictadura”.

Además, Muñoz afirmó que “bajar la edad, en el contexto de la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso Mendoza y otros vs. Argentina –en el que litigó la DGN– implica modificar la única cuestión no criticada por la CoIDH, y esto, incluso, puede implicar un nuevo supuesto de responsabilidad internacional”.

Luego de detallar otros fundamentos contra la baja, Muñoz puntualizó que lo que propone la Defensoría General de la Nación es “un régimen de responsabilidad penal juvenil a partir de los 16 y hasta los 18 años no cumplidos. Establecemos que los adolescentes por debajo de esa edad deben estar exentos de todo tipo de responsabilidad e intervención punitiva por parte del Estado. Es decir, hay que fortalecer política pública para intervenir, porque no decimos que no hay que hacerlo, pero decimos que hay que intervenir con un sistema de protección y no con un sistema punitivo, dando inmediata intervención al sistema de protección integral”.

Finalmente, el defensor enfatizó que aquellos que propugnen la baja de edad deben explicar “teóricamente; dogmáticamente; empíricamente, cuáles son las razones que fundamentarían la baja. Por un lado, para fundamentar el ‘por qué’ y, por otro, el ‘para qué’. Yo creo que hay sobrados motivos para refutar ambos ejes”.

Los argumentos expuestos por la Defensoría General de la Nación fueron retomados por muchos participantes del debate, que concluyó con un categórico consenso por no bajar la edad de punibilidad.

Con esta mesa, concluyó el ciclo de debates sobre la reforma del régimen penal juvenil realizado a lo largo de febrero, en donde se discutieron temas como las medidas alternativas a la privación de la libertad; medidas alternativas al proceso y medidas restaurativas como posibles sanciones; delitos y sanciones acordes a la Convención sobre los Derechos del Niño; condiciones de detención que fomenten la reinserción, entre otros.