En el documento se exhorta al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo a que “arbitren los medios necesarios para que de manera urgente se sancione e implemente una nueva ley penal juvenil, que se adecue a la normativa internacional suscripta por el Estado argentino”.
El Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles emitió su VII Recomendación, en este caso, referida a los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal.
Para la elaboración del documento, el espacio –que preside el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos- consultó a la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría General de la Nación (DGN) por su especialización y trabajo en la temática.
Sobre la tarea de la Comisión, el Sistema destacó especialmente que realiza un “monitoreo exhaustivo de todo el funcionamiento de los CSRC [Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado]” y que elabora “informes que contienen señalamientos de buenas prácticas y recomendaciones” que realiza la Comisión.
La VII Recomendación tiene como eje considerar que el colectivo de niñas, niños y jóvenes debe ser objeto de una especial protección por parte de los órganos del sistema de justicia, así como del resto de las instituciones estatales, con el objetivo de lograr un goce efectivo de sus derechos.
Este fin, sin embargo, no se condice con la realidad de los lugares de detención, donde cotidianamente –según reconoce el documento– se materializan “graves situaciones que ponen en riesgo el acceso efectivo de las niñas, niños y adolescentes allí detenidos a sus derechos fundamentales”.
Así, el Sistema recomienda, en primer lugar, al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo que “arbitren los medios necesarios para que de manera urgente se sancione e implemente una nueva ley penal juvenil, que se adecue a la normativa internacional suscripta por el Estado argentino”.
Además, sugiere al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA) que se ocupe de diversas cuestiones pendientes respecto de la gestión y dictado de normas y protocolos de los dispositivos penales juveniles, entre otras recomendaciones.
La VII Recomendación fue firmada por el defensor general adjunto de la Nación, Julián Langevin; el titular de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niños y Niñas de la DGN, Damián Muñoz; el defensor público oficial, Guillermo Todarello; el fiscal de la Procuración General de la Nación, Felix Crous; por parte de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Francisco Mugnolo, Ariel Cejas Meliare y Carlos Acosta; por el CELS, Eva Asprella; los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky, Antonio Pacilio, Mirta López González, Sergio Paduczak, María Cristina de Luca Giacobini, Martín Vázquez Acuña, Pablo Jantus, María Laura Garrigós de Rébori y Daniel Morín; la Secretaria de Cámara, Lucía Gallagher; y la directora interina de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, María Virginia Barreyro.
Se puede acceder al documento completo por medio del siguiente enlace.
