A partir del trabajo conjunto de la Defensoría Pública Oficial N° 2 ante los Juzgados Federales de Lomas de Zamora, a cargo de Gabriela Alejandra Maceda, y del Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación, a cargo de Nicolás Laino, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata hizo lugar el 20 de diciembre a una acción de habeas corpus -que había sido rechazada en primera instancia- y dispuso el arresto domiciliario de D.D.L., un joven detenido con prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
El joven en cuestión padece de una discapacidad motriz producto de un ACV.
En una resolución con escasos antecedentes similares, los jueces Leopoldo Schiffrin, Olga Calitri y César Álvarez -tras el dictamen favorable del Fiscal General ante la Cámara, Julio Amancio Piaggio, el memorial presentado por la Defensoría Pública Oficial ante dicha instancia, a cargo de María Inés Spinetta, y con el acompañamiento de la Procuración Penitenciaria de la Nación- ordenaron que D.D.L. cumpla la detención preventiva en su domicilio.
Al justificar la medida adoptada, los camaristas afirmaron que “atento el complejo estado de salud del amparista, en el caso, [la Sala] ha de apartarse de los carriles previstos por la legislación para el tratamiento del reclamo de arresto domiciliario, revocando la resolución apelada y disponiendo la prisión domiciliaria del amparista (...)".
La Cámara recogió los planteos efectuados por Maceda en la audiencia de habeas corpus, y por Laino en informes elaborados por el Programa bajo su coordinación a pedido de la magistrada, que están vinculados con la aplicabilidad de la normativa que protege a las personas privadas de libertad (entre otras, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos o "Reglas Mandela") y a las convenciones que garantizan los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, los jueces tuvieron en cuenta los dictámenes efectuados respecto del joven por Liliana Rudman, psicóloga forense con funciones en el Programa contra la Violencia Institucional.
Para ver el fallo completo, siga el siguiente enlace.
