Esta tarde finalizó la “Segunda Conferencia Internacional de Acceso a la Asistencia Jurídica en los Sistemas de Justicia Penal”, con la adopción de un documento final y el lanzamiento de una Red Internacional de Asistencia Jurídica (RIAJ).
La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, participó en la sesión de cierre junto con Santiago Otamendi, secretario de justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; Alejandro Álvarez, líder del Equipo de Estado de Derecho, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; Annika Holterhof, integrante de la Oficina de Prevención del Delito y Justicia Criminal - Sección Justicia de la UNODC; y Jennifer Smith, directora ejecutiva de The International Legal Foundation.
Durante su intervención, Martínez explicó que eventos como esta Conferencia tienen dos funciones: “la de intercambio de experiencias, de conocernos; pero también de darnos ánimo. Saber que en todo el mundo hay personas que luchan por nuestros mismos ideales. Nuestro rol es ser la voz de los que no tienen voz, y [hacerlos] pasar de sujetos que no existen a sujetos de derecho”.
“El acceso a la justicia es un derecho puente, porque permite llegar a otros derechos que se encuentran en estado ideal en las leyes, pero que en la práctica no se concretan”, señaló.
“Deseamos armar una red fuerte, mano contra mano y brazo contra brazo, abrazarnos y aportar para construir un mundo más justo, más parecido al que describen los instrumentos internacionales de derechos humanos”, concluyó.
Otamendi, por su parte, subrayó que, para alcanzar los objetivos, “es importante pasar al campo de la implementación, que es el más dificultoso, porque requiere articular a varias agencias del Estado. El acceso a la justicia es la base sobre la que se apoyan todos los demás derechos, y aquí hemos generado fecundos contactos para profundizarlo”.
Declaración de cierre
En el texto del documento final, “Declaración de Buenos Aires sobre la Implementación de los Principios y Directrices de las Naciones Unidas sobre el Acceso a la Asistencia Jurídica en los Sistemas de Justicia Penal”, se establece la creación de una Red Internacional de Asistencia Jurídica (RIAJ), y se exhorta a donantes, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y al sector privado para que provean los recursos necesarios para su establecimiento. Además, se recomienda a los Estados revisar y enmendar, cuando sea necesario, la legislación existente, o adoptar una nueva legislación sobre asistencia jurídica. El documento advierte que una defensa pública que cuente con menos recursos que otras secciones del sistema judicial puede crear una situación de desigualdad.
Por otra parte, se recomienda promover y asistir a los organismos gubernamentales y ONG para que desarrollen metodología y recolección de datos, estadísticas relevantes e información relacionada con las provisiones de asistencia jurídica.
Asimismo, se promueve ayudar a las organizaciones para proveer acceso temprano a la asistencia jurídica, en un intento por reducir la detención preventiva excesiva, arbitraria e ilegal.
Por último, se recomienda revisar, desarrollar e implementar estrategias para hacer frente a las necesidades de asistencia jurídica, en particular, en cuestiones civiles y administrativas, para los grupos que sufren un impacto desigual o son discriminados (por su raza, religión, origen nacional y/o género, entre otros motivos).
La “Declaración de Buenos Aires…” toma como guía la experiencia regional de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) y la cooperación que ha desarrollado con la Organización de Estados Americanos (OEA) para fortalecer el rol de los defensores públicos oficiales y su independencia y autonomía en las Américas. Además, se convoca a una Tercera Conferencia Internacional en 2018.
Otras actividades
En el transcurso del día, tuvieron lugar distintas mesas redondas y debates que abordaron cuestiones ligadas a la asistencia jurídica de mujeres, niños y grupos en condiciones de vulnerabilidad (como consumidores de drogas, víctimas de trata de personas y violencia de género, migrantes y refugiados), el impacto desigual que tienen los sistemas de justicia penal en esos sectores y los desafíos que se presentan para expandir el acceso a la justicia.
Dos integrantes del Ministerio Público de la Defensa expusieron sobre problemáticas vinculadas con estos grupos. Por la mañana, el defensor público oficial a cargo de la Comisión para la Asistencia Integral y Protección al Refugiado y Peticionante de Refugio de la Defensoría General de la Nación, Juan Ignacio Pérez Curci, expuso sobre las buenas prácticas en la representación de solicitantes del estatus de refugiado. La Comisión de la DGN se creó en 2007, con el objetivo de brindar una asistencia integral, tanto en el procedimiento administrativo como ante el poder judicial.
A continuación, en una sesión plenaria sobre el impacto desigual de los sistemas de justicia penal en minorías, la defensora pública Florencia Hegglin se refirió a los desafíos para garantizar el acceso adecuado a la asistencia jurídica de las personas con discapacidad psico-social: “Este grupo particular tiene mayores probabilidades de ingresar en el sistema penal, por factores como la discriminación y la falta de educación específica; pero también por la intolerancia e incomprensión junto con los prejuicios de los operadores judiciales. […] Nada será posible si no hay un enfoque multisectorial, una política pública que trabaje a favor de un modelo de salud integral. Seguiremos promoviendo el debido respeto a la participación, a la igualdad, al derecho a ser oído, al derecho a la defensa y a la libertad de todas las personas con discapacidad”, detalló.
La “Segunda Conferencia Internacional de Acceso a la Asistencia Jurídica en los Sistemas de Justicia Penal” fue organizada por el Ministerio de Justicia de la Nación y el Ministerio Público de la Defensa de la Argentina, junto con la International Legal Foundation (ILF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Durante tres jornadas se retomaron y desarrollaron los planteos realizados en la Conferencia inaugural celebrada en Sudáfrica, en junio de 2014. Expertos en justicia penal, delegados de alto nivel de los gobiernos, y profesionales estatales y no estatales de asistencia jurídica compartieron información sobre desafíos comunes, soluciones y buenas prácticas, y discutieron acerca del desarrollo global requerido para mejorar el acceso a la asistencia jurídica en el ámbito nacional.
