La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, participó hoy en la apertura y dos sesiones plenarias de la “Segunda Conferencia Internacional de Acceso a la Asistencia Jurídica en los Sistemas de Justicia Penal”. Las jornadas se extenderán hasta el jueves en el Palacio San Martín de la Ciudad de Buenos Aires.
“La realización de estas jornadas es, para nosotros, un sueño hecho realidad”, expresó Martínez en la sesión inaugural, donde estuvo acompañada por la ministra de Relaciones y Culto de la Nación, Susana Malcorra, y el secretario de justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Santiago Otamendi.
“Durante estos tres días no vamos a teorizar, sino a intercambiar nuestras mejores prácticas y experiencias para elaborar planes concretos de acción, que nos guíen hacia la conformación de sociedades más justas e inclusivas”, detalló.
“Como sostienen los Principios y Directrices de la ONU, los Estados pueden adoptar distintos modelos de asistencia jurídica. En América Latina, la mayor parte hemos optado por el sistema de la defensa pública. Estamos convencidos de que, al margen de cuál sea el sistema elegido, el establecimiento de agencias fuertes, autónomas y con presupuesto adecuado son un paso esencial para garantizar el derecho a un juicio justo”, enfatizó.
Por la tarde, en su calidad de secretaria general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), participó en una sesión plenaria en la que se realizó la presentación del Estudio Global de Asistencia Jurídica de UNDP/ UNODC.
También fueron oradores de la sesión Alejandro Álvarez, líder del Equipo de Estado de Derecho, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Sede Central, Nueva York); Valérie Lebaux, jefa de la Sección Justicia, División de Operaciones, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; y Saïda Akremi, secretaria general de la Asociación de Abogados de Túnez.
En su intervención, Stella Maris Martínez comentó que gracias al estudio “se ha conseguido efectuar un mapeo del estado del acceso a la asistencia jurídica a nivel mundial”, y detalló el trabajo de AIDEF durante dos años como parte del Comité Directivo del Global Study, y los aportes que realizó la Asociación sobre su experiencia regional.
Para ello, “AIDEF preparó y distribuyó cuestionarios destinados a expertos y a Estados, para indagar en la provisión de servicios de asistencia jurídica dentro de sus respectivas jurisdicciones”, describió la defensora.
El Estudio Global de UNDP/ UNODC abarcó a 107 países de todas las regiones del mundo. De los que pertenecen a la AIDEF, participaron Venezuela, Panamá, Chile, Costa Rica, Uruguay, Argentina, República Dominicana, Brasil, Ecuador, Guatemala, México y Paraguay.
Martínez destacó la necesidad de que las entidades estatales recojan información acerca de los servicios de asistencia jurídica que brindan, asimismo, la importancia de establecer un marco normativo que regule esos servicios, de extenderlos a otros fueros –además del penal–, y de expandirlos a las zonas alejadas de los centros urbanos, entre otras conclusiones del Estudio.
La defensora general también se enfocó en la necesidad de desarrollar servicios de asistencia jurídica especializados para los sectores más vulnerables de la sociedad y requirió que la asistencia legal cuente con un presupuesto suficiente, que sea equiparable al de los tribunales y al de las fiscalías.
“Este estudio ha permitido identificar las principales deficiencias y desafíos que enfrentan los diversos países o regiones, lo cual, sin duda alguna, abrirá espacio para enfocar más apropiadamente las políticas de cooperación internacional en la materia; también será muy útil para que los Estados puedan llevar a cabo las reformas en aquellos aspectos en los que se adviertan las principales deficiencias”, enfatizó.
En una segunda sesión plenaria, la defensora general se refirió al modelo de defensa pública como institución financiada por el Estado para el ejercicio del derecho a la asistencia jurídica de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
“La defensa pública garantiza el acceso a la justicia. Es una obligación del Estado y un derecho de todos los ciudadanos. Cuando el Estado no cumple en otorgar ese derecho, el ciudadano puede reclamar nacional e internacionalmente”, puntualizó.
La defensa pública posibilita la atención de las víctimas y los acusados por igual, y garantiza el acceso a la justicia de quienes no tienen medios económicos. El Ministerio Público fue creado con la modificación de la Constitución Nacional en 1994. Allí se precisa que es un órgano bicéfalo, independiente, autónomo y autárquico, encabezado por el procurador y el defensor general de la Nación. En junio de 2015, se dictó una ley orgánica específica del Ministerio Público de la Defensa.
“El rol del Ministerio Público de la Defensa es ahora más proactivo y amplio que hace unos años”, explicó Martínez. “Antes solo éramos considerados auxiliares de la justicia. Ahora somos actores principales que intervenimos activamente, tratando de hacer realidad lo que nos ordenan los tratados internacionales y las leyes internas, en beneficio de todos los ciudadanos, y, en especial, de los más vulnerables”, finalizó.
En esta última sesión, Stella Maris Martínez expuso junto con Gustavo Maurino, director para la Promoción y Fortalecimiento del Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y DDHH de Argentina; Milan Antonijevic, director del Comité de Abogados para los Derechos Humanos; y Ananda Mohan Bhattarai, juez de la Corte Suprema de Nepal.
Además, participaron como discussants el presidente de la División Gauteng del Tribunal Superior de Sudáfrica, Dunstan Mlambo; el jefe ejecutivo de Fair Trials, una ONG de derechos humanos que trabaja para asegurar mundialmente el derecho a un juicio justo en los casos penales; y Rick Jones, director ejecutivo y miembro fundador de Neighborhood Defender Service of Harlem, servicio de representación legal para los residentes de ese barrio neoyorquino.
La Segunda Conferencia Internacional continuará mañana con más sesiones y mesas redondas y la presencia de operadores judiciales y especialistas internacionales en la materia.
Debido al espacio limitado de los salones, la actividad es cerrada al público, pero las exposiciones podrán seguirse en vivo y en cuatro idiomas –español, inglés, francés y árabe– mediante la página web de la Defensoría General de la Nación (www.mpd.gov.ar).
Para ver el programa completo, haga clic en el siguiente enlace: https://goo.gl/K0FDqJ
