Según un informe desarrollado por el Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación, los hechos de tortura y malos tratos cometidos sobre personas privadas de su libertad en establecimientos federales o al ser detenidas en la vía pública por fuerzas de seguridad nacionales aumentaron más del 60% entre 2012 y 2015.
El Programa contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación presentó ante el Secretario Ejecutivo del Consejo Federal de Derechos Humanos un informe que da cuenta de la cantidad de hechos de tortura y otros malos tratos de los que fueron víctimas las personas privadas de su libertad en cárceles u otros lugares de detención federales, o que fueron detenidas en la vía pública entre 2012 y 2015. El documento visibiliza a los responsables de los hechos, protagonizados por agentes penitenciarios y miembros de fuerzas de seguridad de la Nación.
Los datos señalan la existencia de 2405 casos en el período referido, de los cuales más de la mitad (el 52%) ocurrieron en un contexto de encierro y 946 en la vía pública. El año que mayor cantidad de sucesos presentó fue 2014, con 677; aunque el cuatrienio en su conjunto registra un crecimiento del 64% de incidentes.
Del total de acontecimientos, se evidenció un aumento progresivo de aquellos que fueron judicializados. En 2012, se registraron 227 denuncias; en 2013, 328; en 2014, 471 y en 2015, 507. Como contrapartida, fueron 872 los incidentes sin denuncia judicial. Sin embargo, el casi nulo avance de las investigaciones iniciadas por estos hechos resulta preocupante, no existiendo prácticamente condenas, y siendo asimismo muy escasos los procesamientos y llamados a indagatorias de los presuntos responsables.
La primera, única y por ello excepcional condena contra agentes del Servicio Penitenciario Federal por las gravísimas torturas psíquicas y físicas sufridas en 2011 por un joven detenido en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz se produjo en 2015, proceso en el cual la víctima fue patrocinada como querellante por la Defensoría General de la Nación. Dichas condenas fueron confirmadas recientemente por la Cámara Federal de Casación Penal, que también anuló las absoluciones que beneficiaran a otros agentes imputados.
La principal fuerza que protagonizó los acontecimientos de violencia institucional informados fue el Servicio Penitenciario Federal, con 1324 hechos. Lo siguen la Policía Federal Argentina, con 860; la Gendarmería Nacional, con 145 y la Prefectura Naval, con 74.
