La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que afirma: “[…] la CIDH llama al Estado a garantizar que las defensas públicas, tanto a nivel federal como provincial, cuenten con autonomía funcional y presupuestaria”. La CIDH publicó el comunicado después de que su Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad hiciera una visita a la Argentina entre los días 13 y 17 de septiembre del corriente.
“En relación con la función de la institución de la defensa pública en Argentina, la CIDH recibió información que indica que en Argentina –tanto a nivel federal como en la provincia de Buenos Aires– la debilidad de la defensa pública estaría directamente relacionada con su falta de independencia y de políticas específicas para mejorar su peso en el sistema. La CIDH advierte que el Comité de Derechos Humanos manifestó este año su preocupación por la falta de autonomía funcional y presupuestaria de la Defensoría Pública, así como por la insuficiencia de recursos con los que cuenta la Defensoría Pública Federal y las provinciales para el desarrollo de su mandato. Sobre este punto, los órganos del Sistema Interamericano han establecido que uno de los estándares fundamentales en el desarrollo de las garantías judiciales mínimas durante el proceso, es la preservación de la independencia funcional y presupuestaria de la Defensa Pública respecto de otros órganos del Estado y de los propios jueces y agentes fiscales.”, señala el documento que fue emitido el 19 de octubre.
La CIDH también se refiere al Ministerio Público de la Defensa (MPD) en relación con la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación y con los mecanismos nacionales y provinciales de prevención de la tortura.
Sobre la ley 27.063 (nuevo CPPN), la CIDH destaca que esa norma –sancionada en diciembre de 2015, con implementación prevista para la justicia nacional a partir del 1º de marzo de 2016 e implementación gradual para la jurisdicción federal del país– fue diferida por medio del decreto presidencial 257/2015. El organismo interamericano señaló la preocupación del Ministerio Público de Defensa de la Nación ante la incertidumbre sobre la vigencia del nuevo Código Penal, debido a que el CPPN todavía vigente presenta diversos problemas en torno al uso de la prisión preventiva según los estándares internacionales.
Además, la CIDH valoró al nuevo Código Procesal porque “presenta importantes avances en la reducción de la prisión preventiva, tales como la no inclusión de delitos inexcarcelables, la incorporación de un catálogo de medidas alternativas y la regulación de un órgano encargado del monitoreo de su cumplimiento.”
En referencia al Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, la CIDH advierte que “aún no se ha implementado debido a que las autoridades nacionales no han iniciado el proceso de designación y selección de sus integrantes”, a pesar de haber sido creado en noviembre de 2012. En tanto que, respecto de los Mecanismos Provinciales de Prevención, a partir de información que suministró el MPD, la CIDH informa sobre su “implementación irregular” y señala limitaciones al ingreso a centros de detención. Esta situación ocasionó que, a la fecha, únicamente cinco mecanismos estén funcionando en las provincias de Chaco, Corrientes, Mendoza, Río Negro y Salta (esta última no cuenta con presupuesto, estructura o recursos materiales para su operación).
La Relatoría también subrayó cuestiones en torno a los derechos de las personas privadas de libertad en la Argentina, como el “abuso de la prisión preventiva”, la sobrepoblación en las unidades de detención, la utilización de dependencias policiales como lugares de prisión permanente, la reclusión de personas en régimen de aislamiento y los malos tratos proferidos a las personas durante las requisas e inspecciones en las instalaciones.
La CIDH se refiere a cifras oficiales de diciembre de 2015, que registran que de un total de 71.464 personas detenidas en todos los servicios penitenciarios del país, el 51 % se encontraba en prisión preventiva. Además, destaca la carencia de un registro único de que sistematice los datos de las personas privadas de su libertad.
La Comisión realizó una comparación respecto de la anterior visita de la Relatoría, en 2010, y advirtió un crecimiento del 16 % en la población penitenciaria, lo que “ha llevado a que los centros carcelarios del país se encuentren en una situación de hacinamiento” debido a “la insuficiente cantidad actual de plazas penitenciarias y del respectivo abuso de la prisión preventiva”. Durante el mismo periodo, el aumento de la población penitenciaria en el ámbito federal equivale a un 15,3%; en la provincia de Buenos Aires, a un 25%; y en la provincia de Mendoza, a un 53%.
Sin embargo, la CIDH considera propicia la implementación de los mecanismos electrónicos de seguimiento en materia penal, y destaca que a partir de marzo de 2016 el Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica se amplió a todo el territorio argentino.
En el mismo informe, la CIDH incluyó al Ministerio Público de la Defensa entre las instituciones del Estado a las que agradece especialmente por haber proveído la información requerida y reconoce la transparencia del organismo.
También se destaca la participación del Comisionado Presidente, James Cavallaro, como ponente en las V Jornadas Nacionales de la Defensa Pública, celebradas en la ciudad de Santa Fe los días 15 y 16 de septiembre; organizadas por el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, el Consejo Federal de los Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, la Asociación de Defensores Públicos de la República Argentina, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la República Argentina, y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL.
Para más información:
http://www.mpd.gov.ar/index.php/programas-y-comisiones/58-programa-para-la-aplicacion-de-instrumentos-de-derechos-humanos
