El martes 4 de octubre, el Procurador Penitenciario de la Nación, Dr. Francisco Mugnolo y la Defensora oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta N°2, Dra. Ana Clarisa Galán Muñoz, participaron en el Salón Auditorio de la Ciudad Judicial de la capital salteña del seminario “La gestión integral de los sistemas penitenciarios a la luz de las Reglas Mandela”, organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta.
El acto de apertura estuvo a cargo del presidente de la Corte de Justicia de Salta, Dr. Guillermo Alberto Catalano, y del Subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios de la Nación, Dr. Juan Bautista Mahiques, quien resaltó que el seminario de Salta es el segundo encuentro realizado en el ámbito nacional.
El juez Catalano, por su parte, explicó que las Reglas Mandela “tienen mucho en común con las cláusulas constitucionales de nuestro país. El constitucionalismo social nos ha dado una ley fundamental con definiciones modernas, que mantiene su vigencia incólume”.
Sostuvo también que “el bien más preciado del ser humano es la libertad y es una cuestión muy compleja privar a una persona de ella. Debemos asistirlo legalmente, respetando todas y cada una de sus condiciones, amén de sus derechos constitucionales y sus derechos humanos”; finalmente abogó para que “todos los operadores del sistema, sin distinción de ninguna naturaleza, no permitamos que cada día de prisión de un interno sea como el último día de su vida”.
En el encuentro, se reflexionó sobre la actualidad de la política penitenciaria y los desafíos que enfrentan los gobiernos para adecuarse a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela).
Además, se desarrollaron los paneles “La revisión de las Reglas Mandela y el intercambio de buenas prácticas como base para el consenso” y “Las reglas de Bangkok y la perspectiva de género en el ámbito penitenciario”.
El cierre fue encabezado por la ministra de Derechos Humanos y Justicia de la provincia de Salta, Dra. Pamela Calletti, y por el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Dr. Mariano Hernán Borisnsky.
