La Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, cerró las V Jornadas Nacionales de la Defensa Pública, que se llevaron a cabo los días 15 y 16 de septiembre en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), ciudad de Santa Fe.
La actividad fue organizada por el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, el Consejo Federal de los Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, la Asociación de Defensores Públicos de la República Argentina, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la República Argentina y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL.
Tras agradecer el esfuerzo a los organizadores y felicitarlos por los “resultados estupendos”, la Defensora General sostuvo: “Poco a poco nos estamos dando cuenta de que, aunque el país sea federal, la defensa es una sola; no sirve que los estándares sean óptimos en un provincia y pésimos en otra. El país es uno solo y a nivel internacional las responsabilidades del Estado son siempre las mismas”.
Al referirse a los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, Stella Maris Martínez se preguntó: “¿Quiénes sino nosotros (los Defensores Públicos Oficiales) vamos a reclamar a los estados que esas exigencias se cumplan?”
Martínez, quien además ejerce la titularidad de la Secretaría General de la Asociación Interamericana de Defensores Públicos (AIDEF), comentó que los “Principios y Directrices sobre Defensa Pública en las Américas”, elaborados y aprobados recientemente por AIDEF, serán llevados a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que sean adoptados por el Comité Jurídico Interamericano que se reunirá en Río de Janeiro en octubre próximo. “Este puede ser un puntapié para empezar a trabajar en una ley marco para la República Argentina que en la actualidad a nivel práctico funciona como si fuéramos distintos países”, señaló.
En su disertación la Defensora General hizo especial énfasis en la última resolución de la OEA sobre promoción y protección de los derechos humanos (aprobada en la segunda sesión plenaria del 14 de junio de 2016) de la que Argentina fue impulsora. “Uno de los capítulos de la resolución se denomina Hacia la Defensa Pública Oficial Autónoma como Salvaguarda de la Integridad y Libertad Personal y subraya la importancia fundamental que tiene el servicio de asistencia letrada gratuita y las instituciones de Defensa Pública Oficial para la promoción y protección del derecho de acceso a la justicia de todas las personas, y en particular las vulnerables”, indicó.
Además, destacó que la mencionada resolución celebra la adopción de la Guía Regional para la Defensa Pública y la Protección Integral de las Personas Privadas de Libertad, los Manuales de Monitoreo de Derechos Humanos en los Centros de Privación de Libertad por parte de las Defensas Públicas, el Manual Regional de Buenas Prácticas Penitenciarias y el Manual Regional: las Reglas de Bangkok en clave de Defensa Pública, elaborado por la AIDEF. “Esos materiales han sido aprobados por AIDEF y aceptados por la OEA, pero si los Defensores Públicos no los usamos como un instrumento de batalla, no sirven para nada”, señaló.
Stella Maris Martínez afirmó que la resolución de la OEA “alienta a los Estados y a las instituciones de Defensa Pública Oficial a procurar el absoluto respeto a los Defensores Públicos en el ejercicio de sus funciones, libre de injerencias y controles indebidos por parte de otros poderes del Estado; y fomenta que las Defensorías Públicas desarrollen, en el marco de su autonomía, instrumentos destinados a la sistematización y registro de casos de denuncias de tortura y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes, que puedan funcionar como herramientas de prevención”.
La Defensora también se refirió a los casos en que Superiores Tribunales de Justicia, Cortes o Procuradores Generales les niegan a los defensores públicos su función de patrocinar a víctimas de tortura. “Si la República Argentina auspicia un documento internacional en el que dice que la Defensa Pública es un actor fundamental en la recolección de datos, en el control, en el acompañamiento, en el seguimiento de las víctimas de tortura, ¿cómo no nos dejan acompañar a las víctimas de tortura ante la justicia?”, se preguntó.
“Me parece importante que entendamos que somos un único cuerpo, que nos olvidemos de si somos provinciales, civiles, penales o federales: somos defensores públicos al servicio de los derechos humanos”, concluyó Martínez.
Además, sobre el final deslizó que el año próximo la reunión será en el sur del país, aunque no dio precisión del lugar exacto.
Las V Jornadas se desarrollaron bajo el lema “El acceso a la justicia para las personas en condición de vulnerabilidad”. En esta ocasión, además de la participación de Defensores Públicos nacionales y locales pertenecientes a distintos fueros, así como funcionarios que coadyuvan a la labor de la defensa, se contó con la presencia del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro, quien brindó la conferencia inaugural “El Sistema Interamericano y protección de Derechos Humanos de las personas privadas de libertad”.
