El pasado 11 de agosto, la Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, firmó un importante convenio con el Consejo General del Poder Judicial del Reino de España. El objetivo de este acuerdo es promover la colaboración entre jueces, magistrados y defensores públicos de ambos países y, en especial, establecer una relación de intercambio permanente entre los responsables de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial del Reino de España y la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia de la Defensoría General de la Nación.
Este Convenio es el primero en su especie que suscribe el organismo español con una institución de nuestro país. A partir de la firma de este acuerdo, defensores públicos oficiales podrán acceder a una amplia variedad de actividades desarrolladas en el Programa Aula Iberoamericana (AIB), un prestigioso foro de formación e intercambio judicial destinado especialmente a operadores jurídicos de Iberoamérica. Desde su creación en 1999, este Programa ha sido reconocido por la vasta y continua oferta de actividades y por el alto nivel académico de cada uno de sus cursos y seminarios. En este sentido, es un distingo para el Ministerio Público contar con el aval del Consejo General del Poder Judicial del Reino de España para participar en el intercambio de experiencias.
Entre las actividades ofrecidas por la Escuela Judicial de España se destacan los programas de formación mensual, trimestral y anual, así como también cursos independientes, algunos bajo la modalidad de educación a distancia y otros presenciales, desarrollados en diferentes países de Iberoamérica. Entre las temáticas abordadas en estos cursos se destacan las especializaciones en derecho de la infancia y la adolescencia, derecho internacional de los derechos humanos, jurisprudencia del Tribunal Europeo, oralidad en el proceso civil, la prueba penal en el siglo XXI, para citar solo algunas. Todas estas actividades están concebidas como espacios orientados a la práctica, donde se reflexiona sobre aspectos innovadores o controvertidos, siempre teniendo en cuenta las diferentes realidades de los participantes. De esta manera, los defensores públicos de Argentina podrán compartir, junto con otros operadores jurídicos procedentes de países iberoamericanos, de una nutrida y eximia oferta académica.
Teniendo en cuenta la relevancia institucional que tiene la capacitación dentro del Ministerio Público de la Defensa, este convenio abre nuevas perspectivas para fortalecer la formación de sus integrantes. La inauguración de este nuevo ámbito de encuentro con magistrados y funcionarios de otras latitudes será de gran valor para consolidar al Ministerio Público de la Defensa como un referente a seguir en materia de defensa de los derechos humanos.
En la medida en que se actualice la oferta académica del AIB, la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia brindará información sobre los cursos disponibles, su carga horaria, su metodología y toda otra particularidad que resulte relevante. Espero que estos cursos resulten de su interés y que podamos aprovechar al máximo esta nueva oportunidad de crecimiento.
Por Julieta Di Corleto
Secretaria General de Capacitación y Jurisprudencia de la Defensoría General de la Nación