El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y la Defensoría General de la Nación (DGN) presentaron el lunes 8 de agosto el documento “Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento. Una guía para la reforma de políticas en América latina y el Caribe”, cuyo objetivo es ofrecer una hoja de ruta para reformas de políticas dirigidas a mujeres privadas de libertad basadas en la salud pública, respetuosas de los derechos humanos y con perspectiva de género.
El texto fue elaborado por WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), IDPC (Consorcio Internacional sobre Políticas de Droga), Dejusticia (Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad), y la CIM (Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA).
Estuvieron presentes en el evento la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y el Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo.
La presentación se llevó a cabo el día de ayer en la DGN y, en palabras de la Defensora General: “se inserta en la campaña para difundir, junto con la Procuración Penitenciaria, las Reglas Mandela. La idea de la Procuración es hacer una campaña de difusión intensa, porque creemos que documentos como las Reglas, que reactualizan las reglas mínimas para el trato a privados de libertad, los tiene que conocer la comunidad, los expertos y las personas a las que va dirigida, esto es, a quienes están privados de libertad”.
Respecto de las mujeres privadas de libertad, en “Mujeres, políticas…” se sostiene: “En la Argentina, Brasil y Costa Rica más del 60% de la población carcelaria femenina está privada de libertad por delitos relacionados con drogas. La mayoría de ellas tienen poca educación, viven en condiciones de pobreza y son responsables del cuidado de otras personas –hijos/as, personas mayores o con discapacidad– que, tras el encarcelamiento de su cuidadora, quedan expuestas a situaciones de abandono y marginalidad”.
La Defensora General de la Nación señaló esta situación, y destacó que “se trata de un tema central. Hay que trabajar muchísimo, generar nuevas ideas, pensar seriamente si una persona que ha sido coaccionada por su realidad socio-económica a poner en peligro su vida por una suma muchas veces insignificante no es [sometida a] algún modo de explotación laboral equiparable a la trata. Es decir, si esa persona no es más víctima de los narcotraficantes que autora”.
Antes de reiterar el compromiso de la Defensoría General para luchar por las mujeres privadas de libertad en particular, y por las personas en condiciones de encierro en general, Martínez enfatizó: “El Estado tiene una responsabilidad muy grande, la de dotar a esta población de métodos válidos de vida. Hay que hacer un gran cambio cultural. Tenemos que tomar conciencia de una vez por todas que si lo único que hacemos es encarcelar a la gente, hacerle perder el trabajo que tiene (si lo tiene) o estigmatizarla de un modo tal que cuando recupera la libertad nunca más consigue trabajo, lo que estamos teniendo es un discurso formal y una conducta real que se contradicen claramente. Contra eso, queremos imponer estos temas en la campaña sobre las Reglas Mandela y exigir que se siga pensando que si no tenemos un sistema racional, cada vez más lejos vamos a estar de tener una comunidad más segura”.
La presentación del documento se dividió en dos partes: un panel de presentación, que contó con la palabra de Coletta Younger, experta de política internacional de drogas de la WOLA; Gabriel Ignacio Anitua, Defensor Público Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal n° 7; y Laurana Malacalza, Coordinadora del Observatorio de violencia de género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires; y fue moderado por Luciana Pol (CELS).
La segunda parte estuvo compuesta por dos talleres: “Aspectos dogmáticos de la criminalización de mujeres por delitos de drogas” y “Políticas de drogas: medidas alternativas a la privación de la libertad”, en los que participaron magistrados y funcionarios del Ministerio Público de la Defensa, del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial de la Nación.
Para finalizar, se puede acceder a la versión digital de “Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento. Una Guía para la reforma de políticas en América latina y el Caribe”, por medio de este enlace: https://www.wola.org/sites/default/files/Guia.FINAL_.pdf
