Lo hizo a través de una resolución que subraya “la importancia fundamental que tiene el servicio de asistencia letrada gratuita y las instituciones de Defensa Pública Oficial […] para la promoción y protección del derecho de acceso a la justicia de todas las personas, en particular de aquellas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad”.
Durante el 46° período de sesiones de la Asamblea General de la OEA, llevado a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, entre el 13 y el 15 de junio, se adoptó una resolución ómnibus (la N° 2887/2016) que versa sobre distintas cuestiones relativas a la promoción y protección de derechos humanos, entre las que se incluyó a la defensa pública. Cabe destacar que dicha inclusión se hizo a instancias de la Asociación Interamericana de Defensas Públicas (AIDEF), en especial, de la Defensoría General de la Nación, a través de la Misión de la Argentina en la OEA, y contó con el copatrocinio de Chile, Paraguay y República Dominicana.
El punto ix) de la parte I "Actividades de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos" de la resolución se denomina "Hacia la defensa pública oficial autónoma como salvaguarda de la libertad e integridad personal", y destaca especialmente dos cuestiones.
Por un lado, alienta “a los Estados y a las Instituciones de Defensa Pública Oficial, según corresponda, a procurar el absoluto respeto a los Defensores Públicos en el ejercicio de sus funciones libre de injerencias y controles indebidos por parte de otros poderes del Estado”; por otro, resuelve fomentar que:
[…] las Defensorías Públicas desarrollen en el marco de su autonomía (según corresponda) instrumentos destinados a la sistematización y registro de casos de denuncia de tortura y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes que puedan funcionar como herramientas para estrategias y políticas de prevención teniendo como objetivo fundamental evitar violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, reconociendo que los defensores públicos resultan actores fundamentales en la prevención, denuncia y acompañamiento de víctimas de tortura y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes. En línea con ello, la Secretaria General a través del Departamento de Derecho Internacional continuará colaborando con la AIDEF en la capacitación a defensores públicos sobre los diferentes aspectos que contribuyen a la mejora del acceso a la justicia.
Asimismo, la Asamblea General celebra la adopción de la Guía regional para la defensa pública y la protección integral de las personas privadas de libertad, el Manual de Monitoreo de Derechos Humanos en los Centros de Privación de Libertad por parte de las Defensorías Públicas. Visitas Generales y el Manual de Monitoreo de Derechos Humanos en los Centros de Privación de Libertad por parte de las Defensorías Públicas. Entrevistas Individuales, el Manual Regional de buenas prácticas penitenciarias y el Manual Regional: las Reglas de Bangkok en clave de Defensa Pública, elaborados por la AIDEF. Vale resaltar la relevancia de este reconocimiento, en tanto que estos son documentos inéditos en el ámbito regional y de gran relevancia para la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Por último, el punto II, "Seguimiento de Informes", de la resolución solicita al Consejo Permanente que, por medio de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos realice una sesión especial sobre los modos de prevención de tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes que lleva adelante cada institución de la Defensa Pública de la región en el primer trimestre del año 2017.
HAGA CLICK AQUÍ PARA ACCEDER A LA RESOLUCIÓN
21/6/16
Prensa y Difusión
Defensoría General de la Nación