Esta tarde la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, participó del cierre del Seminario Internacional Sistemas de supervisión y monitoreo de condiciones de privación de libertad de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, organizado por Unicef Argentina.
La Dra. Martínez estuvo acompañada por Adolfo Perez Esquivel, Premio Nobel de la Paz; Matías Ezequiel Garrido, Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Marta Santos Pais, Representante Especial del Secretario General sobre la violencia contra los niños de las Naciones Unidas; y la representante de Unicef en Argentina, Florence Bauer.
Durante su intervención, la Dra. Martínez se refirió a la necesidad de sancionar una nueva Ley Penal Juvenil que se ajuste a los estándares internacionales. “A fines del 90 distintos jueces de distintas partes del país dictaron prisiones perpetuas a menores de edad, y la Defensoría General, único organismo autorizado por ley para denunciar al estado argentino ante los organismos internacionales, hizo la denuncia”, explicó la Defensora General, en referencia al caso “Mendoza y otros vs Argentina”. “Hace 2 o 3 años la Corte IDH dictó un fallo durísimo contra Argentina, ordenandole que modifique la ley de la dictadura que aún está vigente y es la que se utiliza para tratar los casos de los menores en conflicto. Pero ¿qué hizo el Estado? Nada”, lamentó.
“La gente tiene que saber que el problema de la inseguridad no va a desaparecer porque se baje la edad de imputabilidad. Una medida de esas características sólo conseguiría que los jóvenes sean captados por un sistema destructivo y cuando salgan van a ser más violentos. Los que trabajamos hace mucho sabemos que el problema no empieza a los 14 ni a los 16, sino que son chicos desamparados desde pequeños”, describió. “Una escuela sensible debe percibirlo y un estado presente debe intervenir desde ese momento. La ley penal debe reservarse para casos extremos, porque cuando interviene agrava, esconde y archiva un tiempo para que después la gente salga peor. Si tenemos miedo a las campañas hay que hacer una contracampaña que demuestre con estadísticas que cuando más cariño se da, mejores frutos se obtienen. Tenemos que seguir reclamando y exigiendo una ley penal juvenil digna. No podemos permitirnos la vergüenza de seguir con esta ley que nos convierte en el país más atrasado del continente”, finalizó.
En el transcurso del Seminario, que contó con la participación de numerosos referentes en la temática, se analizó el estado de situación de los países de la región y las experiencias internacionales en materia de monitoreo y supervisión de las condiciones en la que los niños y adolescentes se encuentran privados de su libertad.
20/5/16
Prensa y Difusión
Defensoría General de la Nación
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