La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dispuso, en su acordada del 7 de abril pasado, “hacer saber a los juzgados de instrucción que deberán notificar en forma inmediata a las Defensorías Públicas de Menores e Incapaces, la radicación de causas que involucren a niños, niñas o adolescentes como víctimas de torturas y/o apremios ilegales, tal como en todo sumario que se forme donde un menor aparezca como víctima de un delito”.
El acuerdo obedeció a un planteo efectuado por la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, ante el Presidente de esa Cámara, por el cual informó que se han detectado casos en los cuales los Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción, ante la iniciación de una causa penal por apremios ilegales contra niños, niñas o adolescentes, omiten dar inmediata y temprana intervención a las Defensorías públicas de Menores e Incapaces, tal como lo establece el inciso f) del artículo 43 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
“Esta situación no sólo implica un incumplimiento de la ley vigente sino que además impide a los y las magistrados de esta institución tomar conocimiento oportuno de los casos y efectuar un adecuado acompañamiento de las víctimas, de acuerdo con la función primordial de defensa y garantía de acceso a la justicia y de asistencia jurídica integral”, planteó la Defensora General ante la Cámara.
12/4/16
Prensa y Difusión
Defensoría General de la Nación