La Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, expuso el viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su carácter de Secretaria General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF). Durante su intervención, destacó los avances y dificultades que enfrenta la defensa pública en el continente y los desafíos hacia adelante.
Luego de agradecer en nombre de AIDEF el alto honor de que la CIDH haya concedido la audiencia, la Dra. Martínez hizo un repaso de la situación actual del grado de autonomía de la defensa pública en los países de América y la lucha de AIDEF en la promoción de esa autonomía respecto al resto de los institutos estatales. En ese contexto, hizo referencia a supuestos puntuales para los que se aspira pueda haber a la brevedad modificaciones legislativas.
“Uno de los graves problemas que tenemos es, por ejemplo en la Argentina, donde hay provincias donde los defensores tienen como jefe al jefe de los fiscales, es decir tienen como máxima autoridad a quien es su oponente natural. En otros países la defensa se encuentra subordinada al Poder Judicial pese a que será un juez quien defina la controversia en la que interviene el defensor”, recordó la Dra. Martínez.
En cuanto a las principales dificultades que afrontan las defensoras que dependen de los Poderes Judiciales, de los Ministerios Públicos Fiscales o de los Poderes Ejecutivos, mencionó “el habitual temor de sus agentes a ser pasibles de sanciones disciplinarias por el ejercicio comprometido de su actividad o de ver recortados o reducidos sus fondos financieros o interrumpidos sus ascensos o promociones por su trabajo”.
“Los distintos modelos de dependencia incorporan nuevas presiones sobre los defensores al momento de ejercer su función y por tanto el interés del defendido dejará de ser su único mandato, facilitando de ese modo defensas deficientes, de menor calidad y probablemente ineficaces”, concluyó.
“Existen normas y estándares internacionales que prevén el acceso a la justicia y una defensa pública eficaz, disponiendo su autonomía. El desafío actual en las Américas es llevar a la práctica esa normativa”, señaló la Defensora General y destacó que, sin perjuicio del modelo que cada uno de los países implemente, “es importante que todos apliquen políticas que garanticen a la defensa independencia funcional y el manejo de recursos humanos y materiales propios”.
Asimismo, mencionó que la actual Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Argentina ha sido reconocida internacionalmente por cumplir plenamente con tales estándares y señaló que espera que los proyectos de reformas anunciados los mantengan.
La Dra. Martínez recordó que la Asamblea General de la OEA ha adoptado resoluciones que destacan el trabajo de los defensores públicos como un aspecto esencial para fortalecer el acceso a la justicia y para consolidar la democracia y que, en este sentido, los Estados tienen la obligación de eliminar los obstáculos que afecten o limiten el acceso a la defensa.
“Hay que fijarse cómo garantizar de la mejor manera los derechos de los defendidos porque si debilitamos la defensa pública debilitamos al sector más vulnerable”, subrayó ante los miembros de la CIDH.
La Defensora General de Argentina fue la única expositora en la audiencia “Autonomía de las defensorías públicas en América”, en el marco del 157° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se desarrolló en Washington durante toda la semana.
VER AUDIENCIA COMPLETA: https://www.youtube.com/watch?v=LuJKmK3K9yI
11/4/16
Prensa y Difusión
Defensoría General de la Nación