La Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, firmaron ayer un convenio específico para otorgar asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito a las víctimas de Violencia Institucional.
La iniciativa, que forma parte de "La Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional", tiene por objetivo asistir jurídicamente a aquellas personas víctimas de dicha problemática que quieren querellar pero carecen de recursos económicos.
La Defensora General explicó que si bien la Defensoría hace tiempo asiste a algunas víctimas con estas características, gracias al artículo 11 de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa, sancionada en el mes de junio, Argentina es pionera en derechos humanos, porque permite a la Defensoría General de la Nación otorgar acompañamiento legal para actuar en un proceso a todas las víctimas que lo necesiten, ya sea por escasez de recursos o situación de vulnerabilidad.
“Este convenio funcionará como un puente para que las personas que lleguen buscando asistencia a la Secretaría de Derechos Humanos puedan ser acompañadas por los técnicos de la Defensoría General”, afirmó la Dra. Martínez. “Consideramos al acceso a la justicia como un derecho humano fundamental y cuando no se cumple, se viola nuestro derecho a que el Estado nos cuide”, agregó.
“¿Por qué es necesario que la víctima intervenga como querellante en el proceso de delitos tan graves como los de apremios, de gatillo fácil o de tortura? Porque durante mucho tiempo no se hizo nada. Por ejemplo, con los presos pasaba lo mismo que les pasa ahora a las víctimas de violencia de género: nadie les cree. ¿Cómo puede haber pruebas si son delitos que se dan en ámbitos privados?”, profundizó la Defensora General. “Ese tipo de situaciones nos llevó a intervenir en las causas. Estamos contentos porque hace un mes un tribunal, en la causa Brian Nuñez, condenó a oficiales del servicio penitenciario que torturaron a un preso. Creemos firmemente que no puede ser que se le dé más importancia al hurto de un monedero que a las torturas o los apremios ilegales. Es más valiosa la vida que la propiedad. Convivimos durante mucho tiempo con un poder judicial que pensaba al revés, y eso enferma a la sociedad, porque se tergiversan nuestros valores”, enfatizó.
“Esas son las causas en las que nosotros nos constituimos como querellantes, causas en las que vemos que el acceso a la justicia se configura como un derecho humano fundamental violado. El acceso a la justicia, como derecho humano fundamental es nuestro derecho a que el Estado nos proteja y nos cuide”, agregó la Defensora. “Ahora falta un paso: el legislativo, para que, como en el caso de la trata, la tortura y los apremios y todo lo que tenga que ver con la Convención Contra la Tortura, también pasen a ser considerados delitos federales. Ese va a ser el paso definitivo para que un Estado como el nuestro, que es modelo en derechos humanos, demuestre a qué cosas le da importancia una sociedad ética, consciente y responsable de todos sus ciudadanos”, finalizó.
Por su parte, el Secretario de Derechos Humanos agradeció la actividad y el compromiso de la Dra. Martínez con las víctimas y la institución y planteó que el convenio es posible “gracias al compromiso de personas que han perdido mucho en la vida y que sin embargo no se han quedado en sus casas, sino que salieron a la calle a sostener estos ‘Nunca más’ que nos quedan pendientes. Hablo de todas ustedes”, dijo Fresneda dirigiéndose a los familiares de las víctimas presentes en el acto.
“Es muy importante este convenio porque los hechos de violencia institucional no se limitan solamente al accionar de las fuerzas de seguridad con personas en situación de encierro. La pueden perpetrar los agentes de justicia cuando no creen en una mujer que va a denunciar que es víctima de violencia de género y que luego termina en femicidio”, aportó Fresneda.
"Ustedes están dejando un legado de lucha y de exigencia para ir mejorando cada vez más y tener un país con más justica. Pero no se puede hablar de justica si no se habla de memoria. Este convenio va a hacer honor a que la memoria haga un aporte, a que no prescriban las causas, con la posibilidad de que exista un patrocinio activo en el proceso judicial para velar por los derechos de las víctimas y que, a la vez, enfrente las estrategias de aquellos que quieren impunidad", finalizó el Secretario.
29/07/15
Prensa y Difusión
Defensoría General de la Nación
