Jornada de Debate
La Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, participó de la Jornada de debate “Inmigración, Derechos y Poder Judicial”, que se llevó a cabo el 24 de junio en el salón Díaz Lestrem de la Defensoría General de la Nación.
La actividad comenzó con palabras de bienvenida brindadas por Gustavo Palmieri (Director del Centro de Justicia y DDHH de la Universidad Nacional de Lanús), Manuela Thourte (Especialista en Protección de Unicef Argentina) y Ana Jaramillo (Rectora de la Universidad de Lanús).
La Defensora General expuso en el primer panel sobre “La ley de migraciones y el rol del Poder Judicial. Aspectos generales” y compartió la mesa con Jorge Morán (Presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal), Martín Arias Duval (Director Nacional de Migraciones) y Víctor Abramovich (Director de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad de Lanús).
Stella Maris Martínez subrayó que en Argentina, a diferencia de otros países, “nunca se ha hecho diferencia entre ciudadanos, migrantes en situación regular o irregular, para que pudieran tener un abogado defensor cuando entraban en conflicto con la ley penal. Esto es muy antiguo, nunca hubo discusión al respecto, pero lo que luce como más nuevo es la obligación de dar patrocinio jurídico no sólo en casos en que la persona es acusada de un delito sino también en aquellos casos en que necesita acceder a la Justicia, en ámbito del derecho administrativo o cualquier otro ámbito”.
En este sentido, la Defensora destacó que “el trabajo del Ministerio Público de la Defensa apunta a garantizar de modo amplio y efectivo ese acceso a la justicia -entendido como derecho humano fundamental- de la persona, sean migrante, regular, irregular o refugiado. Esto, que para nosotros parece muy sencillo, es muy poco frecuente en la mayoría de los países del mundo. En este momento las Naciones Unidas están elaborando estándares que toman como modelo nuestra ley y nuestras reglamentaciones para tratar de imponer pautas mínimas que logren un patrocinio semejante al que se está dando en nuestro país y que es uno de los más amplios del mundo”.
El magistrado Jorge Morán hizo hincapié en “la importancia de los principios de igualdad y universalidad, entendidos como cuestiones culturales, que deben servir como base para abordar la temática desde una perspectiva de derechos humanos” y agregó que “las leyes deben complementar esos principios”.
A su turno, el Director Nacional de Migraciones centró su exposición en las tensiones que aparecen en términos de políticas migratorias. “Las políticas selectivas y de encausamiento -que hoy funcionan en los países del llamado primer mundo- nos colocan a todos en una tensión cotidiana porque está en juego algo que ocupa la agenda pública, a nivel internacional y local: esa tensión permanente entre la vigencia y reconocimiento de los derechos humanos y la seguridad”. En ese sentido, Duval destacó el mérito de la ley 25.871, ya que “no es una ley que consagra una política migratoria selectiva y de encausamiento; es una ley realista, que reconoce a nivel mundial el fracaso de esas políticas y que también reconoce el derecho a migrar como un derecho humano. El caso de EEUU y México es el mejor ejemplo de ese fracaso. Lo que los estados debe hacer es asegurar que las migraciones se hagan de una manera ordenada y segura, en términos de seguridad para el propio migrante, que tenga la garantía de que su vida no corre riesgo”.
Finalmente, Víctor Abramovich destacó que el nuevo modelo de ley migratoria y de política migratoria tiene un liderazgo a nivel regional y que “así como tratamos de profundizar la aplicación de estos nuevos modelos, que parten del preconcepto de migrante como un sujeto de derechos, enfrentamos la inercia de las instituciones que deben adaptarse al nuevo paradigma”. También celebró que “las cabezas de las tres instituciones (Ministerio Público de la Defensa, Dirección Nacional de Migraciones, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal) tengan la disposición a participar y hablar con la franqueza y claridad que lo han hecho”. “Este puede ser”, concluyó, “un excelente primer paso para discutir sobre prácticas, interpretaciones y obstáculos que encontramos al aplicar la ley, con el objetivo de evitar potenciales retrocesos en materia de derechos humanos, riesgo que en la Argentina siempre enfrentamos”.
La mesa redonda “La ley de migraciones y el rol del Poder Judicial: aspectos específicos”, cerró la jornada, con las presentaciones de Marcelo Duffy y Facundo Maciel Bo (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal), Juan Ignacio Pérez Curci (Secretario Letrado de la DGN, co-titular de la Comisión para la Asistencia Integral y Protección al Refugiado y Peticionante de Refugio de la DGN) y Florencia Andrada (Comisión del Migrante, DGN).
La actividad fue organizada por el Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, a través de su Escuela Judicial y del Programa Migración y Asilo, se realizó en el marco de un proyecto de cooperación con Unicef Argentina y contó con el auspicio de la Defensoría General de la Nación.
