La nota publicada exponía los datos personales y la imagen de una persona a través de un video que fue tomado en el establecimiento penitenciario en donde actualmente se encuentra alojada a la espera de una evaluación de salud mental.
Mediante oficio, la titular del ORN solicitó a las autoridades del diario que se reconsidere el abordaje de aquellas situaciones que podrían involucrar temas de salud mental desde una perspectiva de derechos tal cual lo dispone la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM), el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
Por otra parte, la Dra. Iglesias solicitó al Ministerio de Salud de Mendoza y a la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Poder Judicial de esa provincia informen si la persona había sido evaluada por disposición del juzgado que interviene en la causa y si recibe atención interdisciplinaria para evaluar y tratar su salud mental en el sentido en que lo establece el art. 7 de la LNSM el estándar internacional de derechos humanos en la materia así como las Reglas mínimas de Naciones Unidad para el tratamiento de los reclusos (Reglas Mandela), entre otras disposiciones y antecedentes que hacen al derecho a la persona a su integridad personal.