Las Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de la Argentina realizadas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas tomaron, entre otros antecedentes, datos proporcionados por el Órgano de Revisión de la Ley Nacional de Salud Mental que fueron incluidos en el informe del Ministerio Público de la Defensa.

En las Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de la Argentina, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) manifestó su preocupación respecto de los alegatos sobre violaciones de los derechos humanos de personas con padecimientos mentales en establecimientos psiquiátricos.

En su informe, el Comité sostuvo que “lamenta la deficiente vigilancia de los mecanismos de control y monitoreo en estos establecimientos, así como la falta de implementación de apoyos comunitarios intermedios (…) El Estado parte debe velar por la plena aplicación de los estándares internacionales y de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657”.

La Secretaría Ejecutiva del Órgano de Revisión de la Ley Nacional de Salud Mental (ORN) aportó datos acerca de lo que se constató en los monitoreos realizados desde su creación, entre ellos, existencia de salas de aislamiento y prácticas injustificadas de contención, internación y medicalización como base prioritaria para el abordaje terapéutico, internaciones prolongadas por razones sociales e irregularidades en las historias clínicas y ausencia del consentimiento informado.

En el caso de niñas y niños se constató la priorización del alojamiento en hospitales monovalentes (muchas veces con personas adultos), el uso frecuente de prácticas de sujeción mecánica y medicalización e insuficiencia de estrategias que garanticen la continuidad de sus cuidados por fuera del ámbito hospitalario.

Asimismo, el ORN también verificó insuficiencia de dispositivos de salud mental en base comunitaria que permitan el ejercicio pleno del derecho a una inclusión comunitaria.

Estas irregularidades dieron lugar al dictado de diversas resoluciones por parte del de la Secretaría Ejecutiva del ORN para requerir a las instituciones que se adecuen a los estándares vigentes en salud mental y derechos humanos, para poner en conocimiento de los incumplimientos ante autoridades competentes y para realizar, también, algunas denuncias penales.

Por otra parte, el ORN informó acerca de la tarea de promoción de órganos de revisión locales en cada jurisdicción del país, con el propósito de que cada una de ellas cuente con un mecanismo de control externo a los servicios de salud mental.