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Hace un año, Inés y Lautaro esperaban un corazón. Hoy, juegan, ríen y celebran la vida gracias a la decisión solidaria de familias que, en medio del dolor más profundo, eligieron decir “sí” a la donación de órganos.
En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, el Ministerio Público de la Defensa de la Nación comparte dos historias profundamente atravesadas por la esperanza, el amor y la solidaridad. Historias que también forman parte de nuestra institución, ya que Inés es sobrina de María Lourdes Marcovecchio, integrante de la Unidad Especializada en Derecho de Ejecución de la Pena ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, y Lautaro es hijo de Eugenia Navarro, trabajadora de la Defensoría Pública de Víctima con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ambos niños padecían patologías cardíacas graves para las que no existían otras alternativas médicas posibles más que un trasplante. Después de largos períodos de internación, innumerables procedimientos invasivos y meses de espera en emergencia nacional, durante 2025 recibieron un trasplante de corazón que cambió sus vidas para siempre: Inés, a los 15 meses; Lautaro, a los 5 años.
“Inés estuvo nueve meses internada y seis en emergencia nacional esperando un trasplante cardíaco. Gracias al acto de solidaridad de una familia que dijo ‘sí’ en un momento de mucho dolor, recibió su segunda oportunidad de vida. El amor trascendió y salvó muchas vidas”, expresó María Lourdes Marcovecchio.
“Hoy, gracias a la donación de órganos, disfruta de lo más sencillo de la vida con mucha alegría. Estamos orgullosos de su valentía”, agregó.
Por su parte, Eugenia Navarro sostuvo que “la donación de órganos significó para nosotros esperanza en medio del dolor más profundo”. Lautaro ingresó a la lista de espera en emergencia nacional el 6 de febrero de 2025 y atravesó 180 días de internación antes de recibir su trasplante.
“La donación de órganos no borra el dolor, pero transforma el amor en vida y esperanza para otros. Nuestro agradecimiento eterno será siempre para la familia donante que, en medio de un dolor inmenso, tuvo el gesto más generoso y humano que existe: regalar una nueva oportunidad de vivir”, manifestó.
Cada donación tiene el potencial de salvar o mejorar la vida de hasta diez personas. Por eso, la donación de órganos y tejidos no sólo constituye una cuestión médica, sino también un compromiso social que requiere conciencia, información y solidaridad.
En Argentina, donde actualmente existen 8,57 donantes por cada millón de habitantes, la Ley Nº 27.447 —conocida como “Ley Justina” y reglamentada en 2018— representó un avance fundamental para incrementar la cantidad de donantes en nuestro país, al establecer que todas las personas mayores de 18 años son consideradas donantes de órganos y tejidos, salvo que hayan dejado constancia expresa de lo contrario en vida.
Sin embargo, más allá del marco legal, resulta fundamental conversar sobre esta decisión y manifestar claramente la voluntad de donar a familiares y personas cercanas, o registrarla digitalmente a través del sitio web del INCUCAI. En los casos de donación pediátrica, la decisión continúa dependiendo exclusivamente de madres, padres y/o tutores.
La decisión de donar es personal, solidaria y puede modificarse en cualquier momento. Por eso, fechas como esta invitan también a reflexionar sobre el enorme impacto que un gesto de generosidad puede tener en la vida de otras personas y sus familias.
Según datos del Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA), actualmente 7344 personas necesitan un trasplante para salvar su vida y, en lo que va del año, se realizaron 881 trasplantes en nuestro país.
Desde el Ministerio Público de la Defensa de la Nación reafirmamos nuestro compromiso con el derecho a la salud y con el acompañamiento a las personas y familias que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad. Pero, sobre todo, en esta fecha queremos poner en valor el enorme gesto humano que implica donar: una decisión capaz de transformar el dolor en esperanza y de darle a otra persona una nueva oportunidad para vivir.
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La Defensoría General de la Nación dispuso la creación de la Coordinación de las Defensorías Públicas de Víctimas, una nueva dependencia destinada a fortalecer, articular y ordenar el trabajo de las defensorías especializadas que intervienen en representación de personas víctimas de delitos en el ámbito nacional y federal.
La medida fue adoptada mediante la Resolución DGN N° 471/2026, firmada por el Defensor General de la Nación interino, Dr. Julián Langevin, y forma parte de una línea de gestión orientada a consolidar estructuras especializadas con impacto concreto en el acceso a la justicia y en la calidad de respuesta institucional frente a situaciones de especial vulnerabilidad, en línea con los principios establecidos por la Ley N° 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos y los diagnósticos elaborados por el Ministerio Público de la Defensa sobre el funcionamiento de las Defensorías Públicas de Víctimas.
La resolución destaca que el reconocimiento efectivo de los derechos de las víctimas requiere dispositivos “estables, especializados y coordinados” capaces de garantizar intervenciones homogéneas, coherentes y respetuosas de sus derechos en todo el territorio nacional.
En ese sentido, los diagnósticos institucionales realizados por el organismo identificaron heterogeneidades territoriales, diferencias en las modalidades de intervención que hacían necesario crear una instancia formal de coordinación para fortalecer el sistema de Defensorías Públicas de Víctimas.
La nueva Coordinación funcionará en el ámbito de la Secretaría General de Política Institucional, a cargo del Dr. Carlos Christian Sueiro y tendrá entre sus objetivos promover criterios comunes de actuación, optimizar la articulación entre dependencias y acompañar el fortalecimiento de los dispositivos especializados en materia de víctimas.
Asimismo, mediante la misma resolución se designó a la Dra. María Fernanda Alberdi a cargo de la Coordinación, en atención a su trayectoria e idoneidad funcional.
Para consultas vinculadas al funcionamiento de la nueva dependencia, las áreas podrán contactarse con la Dra. Alberdi a través del correo electrónico
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En línea con una política de fortalecimiento de estructuras especializadas, el Defensor General de la Nación interino, Dr. Julián Horacio Langevin, dispuso la creación de la Unidad Especializada en la Representación de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) Víctimas de Delitos en Procesos Penales N°3, con actuación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida responde al crecimiento sostenido de intervenciones vinculadas a este colectivo y a la necesidad de continuar fortaleciendo dispositivos con impacto directo en el acceso a la justicia.
Las unidades especializadas ya existentes fueron creadas oportunamente para reorganizar funcionalmente la prestación del servicio de defensa pública y asegurar una intervención específica frente al creciente volumen y complejidad de las intervenciones vinculadas a este colectivo particularmente vulnerable.
El análisis de las intervenciones registradas durante 2025 evidenció un incremento significativo tanto en la carga de trabajo como en la complejidad de los casos, lo que hizo necesario ampliar nuevamente la capacidad operativa del servicio especializado.
En 2024 se registraron 13.651 intervenciones en representación de NNyA víctimas de delitos, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 14.551, lo que refleja un incremento del casi 10% de casos en un solo año.
La medida se enmarca en una estrategia institucional orientada a consolidar dispositivos específicos que garanticen una prestación adecuada, continua y eficaz del servicio de defensa pública para NNyA víctimas.
La nueva unidad depende orgánicamente de la Secretaría General de Coordinación, a cargo del Dr. Alejandro Sabelli, y es coordinada por la Defensora Pública Coadyuvante, Dra. Georgina Mariana Gaya.
Con esta decisión, el Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD) continúa consolidando espacios especializados orientados a fortalecer la protección integral de derechos y el acceso a la justicia de NNyA víctimas de delitos.