El Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD) se suma a las voces que festejan la decisión del Poder Ejecutivo nacional de disponer una nueva reglamentación para la Ley 27.350 [de investigación médica y científica de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados].
La nueva norma elimina uno de los aspectos más restrictivos de la regulación anterior, que sólo permitía el uso de la planta para el tratamiento de la epilepsia refractaria. Ahora todas las personas que necesiten un uso terapéutico del cannabis podrán -previa inscripción en un registro gestionado por el Estado- cultivar sus propias plantas de manera legal. Además, se habilita el cultivo solidario y el cultivo “en red”, entre otros cambios.
El MPD, a través de presentaciones judiciales; asesoramiento; auspicio de actividades como Expo Cannabis 2019; la elaboración de materiales de jurisprudencia, de divulgación y de difusión de derechos; y de la participación de sus integrantes en debates públicos, ha sido parte de la discusión y de la pugna por un marco legal más avanzado que el que establecía la anterior regulación.
En cada lugar del país, la defensa pública ha tenido un desempeño activo y relevante para garantizar diversos derechos en relación con el uso terapéutico de cannabis, empezando por el derecho a la salud.
En ocasiones, lo ha hecho interviniendo ante imputaciones penales por cultivo: es el caso, por ejemplo, de la defensoría pública oficial federal de Mar del Plata, que logró el sobreseimiento de una madre que había adquirido y recibido por correo semillas de cannabis con el fin de elaborar aceite de uso medicinal para una hija con una patología no incluida en la antigua reglamentación. Otro ejemplo es el de la defensa pública del fuero federal en Salta, que actuó ante la imputación realizada a un herrero que tenía seis plantines en su casa.
En otros casos, defensores públicos actuaron como asesores de menores en acciones de amparo, como por ejemplo la defensa federal de la jurisdicción de La Plata, donde lograron que una obra social suministre cannabis medicinal a un chico de un año y siete meses con síndrome de West.
Quizá el caso más paradigmático de estas intervenciones haya sido el dictamen que la Sra. defensa general de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, en su calidad de representante de los derechos de un niño con neurofibromatosis, presentó a comienzos de este año en una causa en trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que se discute el derecho de una madre de cultivar cannabis en su domicilio para poder tratar a su hijo.
La promoción y participación en espacios interinstitucionales con actores relevantes de los tres poderes del Estado, así como con protagonistas de la sociedad civil especializados en la materia, ha sido otras de las líneas de trabajo en el último tiempo: desde la presencia en la Expo Cannabis 2019 con un stand para asesorar a las personas sobre sus derechos relacionados con el uso medicinal del cannabis; hasta las instancias de colaboración e intercambio con organizaciones de usuarios medicinales y con los poderes legislativos locales, como lo hizo durante este año el titular de la defensoría pública oficial ante el Juzgado Federal de Ushuaia, Dr. José Bongiovanni.
No es posible, por otro lado, soslayar la importancia que ha tenido el trabajo de la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia de la Defensoría General de la Nación, a cargo de la Dra. Julieta Di Corleto, que ha sido la responsable de la publicación del libro “Cannabis Medicinal, una cuestión de derechos” y de la elaboración de dos documentos (uno en 2018 y otro en 2019), que reúnen casos judicializados sobre el uso medicinal del cannabis y han sido utilizados por defensoras y defensores en sus presentaciones.
Hace algunas semanas, durante una reunión por videoconferencia de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado nacional, la defensora general de la Nación enfatizó que "necesitamos que los esfuerzos de persecución penal se centren en las grandes organizaciones de tráfico de drogas y no en sus víctimas, en consumidores o quienes necesitan la sustancia por razones de salud." En ese sentido, había afirmado, "es urgente que haya un tratamiento legislativo del cultivo de cannabis por razones de salud", para desvincularlo de la persecución penal. Felizmente, la legislación argentina ha dado un gran paso en esa dirección, a través de una regulación más humana, más cercana a las necesidades de quienes encontraron en el cannabis un poderoso aliado para mejorar sus condiciones de vida y la de sus familiares.