Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - DESC
Descripción del programa
El Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales funciona en el ámbito de la Secretaría General de Política Institucional de la Defensoría General de la Nación. Su función primordial es la defensa y protección de los DESC a través de actividades tendientes a fortalecer la acción de la defensa pública en el ámbito judicial y extrajudicial. Emprende actividades de investigación, divulgación, consulta, derivación, asistencia y capacitación en DESC que coadyuven con la función de los/as Defensores/as Públicos/as Oficiales en el país, e interviene en casos de litigio estratégico, colectivos y/o que requieran una defensa técnica especializada.
A través de la Resolución DGN 904/2016 se le han asignado las siguientes competencias específicas:
a. Coadyuvar en la defensa de aquellos casos que sean declarados de especial interés institucional por el/la Defensor/a General de la Nación;
b. Participar en la elaboración de proyectos de indicaciones y recomendaciones tendientes a garantizar una adecuada defensa -individual y colectiva- de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas en situación de vulnerabilidad, dentro del ámbito de competencia de este Ministerio Público;
c. Intervenir directa o indirectamente, por disposición del/de la Defensor/ a General de la Nación, en el diseño de estrategias de defensa de los derechos que conforman su objeto a requerimiento de los órganos de defensa pública del país;
d. Recopilar y distribuir entre los/las integrantes del Ministerio Público de la Defensa material jurisprudencial y estándares internacionales sobre derechos económicos sociales y culturales;
e. Realizar investigaciones que permitan dar cuenta de las problemáticas referidas al acceso a justicia -individual y colectivo- de los derechos que conforman el objeto del Programa;
f. Llevar adelante programas de difusión de información sobre los derechos que conforman el objeto del Programa;
g. Establecer lazos de cooperación, por disposición del/de la Defensor/a General de la Nación, con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, asociaciones civiles y otras instituciones que tengan por objeto la protección de los derechos mencionados.
