En el marco de la implementación de la Ley N.º 27.801 de Régimen Penal Juvenil, el Defensor General de la Nación interino, Dr. Julian Horacio Langevin, dispuso la creación de la Unidad de Implementación del Régimen Penal Juvenil (UIRPJ), destinada a coordinar y acompañar el proceso de adecuación del Ministerio Público de la Defensa (MPD) al nuevo régimen legal.
La Ley N.º 27.801 establece un nuevo régimen aplicable a adolescentes de entre 14 y 18 años e introduce modificaciones en la organización y prestación de los servicios de defensa pública especializada. En particular, dispone que los procesos penales juveniles, el control de medidas y la ejecución de sanciones estén a cargo de jueces, fiscales, defensores y órganos con capacitación especializada en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal.
En este contexto, la creación de la UIRPJ busca articular los recursos existentes y concentrar las tareas de planificación, coordinación, seguimiento y asistencia técnica necesarias para acompañar la implementación gradual del nuevo régimen dentro del MPD.
La Unidad funcionará en el ámbito de la Secretaría General de Coordinación de la Defensoría General de la Nación (DGN) y estará integrada por el Defensor Público Oficial Dr. Mariano Patricio Maciel, como titular, y los Defensores Públicos Oficiales Dres. Damián Roberto Muñoz, Juan Antonio Tobías, Pablo Eduardo Domínguez y Gustavo Ariel Fernández, en carácter de vocales. La coordinación estará a cargo del Secretario Letrado de la DGN con funciones en la Secretaría General de Coordinación, Dr. Gabriel Alberto Lanaro Ojeda.
La Unidad contará con el apoyo jurídico, técnico y administrativo de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes y podrá requerir la colaboración de otras dependencias del MPD vinculadas con la materia.
Con esta medida, el MPD fortalece su estructura institucional para afrontar la implementación de la Ley N.º 27.801, con el objetivo de garantizar una prestación adecuada del servicio de defensa pública especializada en materia penal juvenil y acompañar las transformaciones organizacionales, funcionales y operativas que requiere el nuevo régimen.
