La Dra. Stella Maris Martínez participó durante la tarde de ayer en la 11ª sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la OEA.
Allí, la Defensora General de la Nación disertó sobre los “Principios sobre Entrevistas Efectivas para Investigación y Recopilación de Información”, también denominados “Principios Méndez” en honor a su principal autor, el ex Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, Juan Méndez, quien estuvo presente en el encuentro.
“Estos Principios”, explicó Martínez, “fueron desarrollados por un grupo de expertos y expertas en materia de entrevistas a personas privadas de su libertad con una perspectiva desde los derechos humanos y la lucha contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ya ha recibido apoyos significativos como, por ejemplo, el de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la AIDEF, y se encuentra en pleno proceso de difusión para obtener más apoyos o adhesiones de otros organismos y autoridades”.
Para la magistrada, se trata de pautas sumamente valiosas a la hora de elaborar estrategias de litigio que aborden la problemática y resultan fundamentales para las instituciones que intervienen en los procesos judiciales en el ámbito penal en la región. “En el caso de la defensa pública”, desarrolló Martínez, “es de vital trascendencia que todas aquellas personas que trabajen en el asesoramiento y representación de personas imputadas en casos penales, especialmente en las etapas preliminares o iniciales de la investigación, utilicen estos principios para poder identificar y prevenir casos de tortura”.
Martínez subrayó que los Principios “no sólo mejoran la comunicación e intercambio con las personas asistidas, sino que, al aplicarlas, aumentan la claridad sobre la materialidad de los hechos investigados. A su vez, facilitan el registro de posibles hechos de tortura o malos tratos a la hora de pensar las entrevistas previas, la indagatoria o formalización de la imputación”. “Asimismo”, destacó, “es imperioso poder velar por la intervención de la defensa pública desde el inicio mismo del procedimiento y procurar la presencia de asistencia letrada en toda clase de entrevista, más allá de su fin, autoridad que la conduzca y etapa procesal en la que se desarrolle”.
La Defensora General recalcó que desde el Ministerio Público de la Defensa de Argentina se ha trabajado arduamente en contra la violencia institucional y en la identificación, sanción y prevención de casos de tortura y otros tratos inhumanos o degradantes, especialmente con aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese sentido, resaltó el trabajo del Programa contra la Violencia Institucional de la institución, creado en 2013, cuya misión es registrar, sistematizar, documentar y dar seguimiento de hechos de violencia institucional ocurridos tanto en el ámbito penitenciario como en otros espacios destinados a la privación de libertad, así como hechos perpetrados por fuerzas de seguridad en la vía pública.
La Dra. Martínez también expuso las numerosas actividades de capacitación y divulgación de los Principios Méndez que se realizaron desde el MPD. Entre ellas: encuentros que contaron con la presencia del propio Juan Méndez y de la Dra. Verónica Hinestroza, directora legal interina de la ONG Fair Trials y coautora de los Principios; el dictado de cursos sobre los Protocolos de Minnesota y Estambul; la elaboración -junto al hoy Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Morris Tidball-Binz- de una guía para el uso de ambos protocolos por parte de la defensa pública; la producción del “Diagnóstico de la violencia institucional carcelaria y de los sistemas y buenas prácticas existentes para su respuesta y atención” y de la “Guía Regional de actuación ante casos de violencia institucional”, financiados por el Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea y con la participación de los expertos internacionales del Observatorio del Sistema Penal y de Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona Alejandro Forero e Iñaki Rivera Beiras; y la implementación -también financiada por el programa europeo- del Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria (SIRCAIVI) en Argentina, Chile y Costa Rica.
“Continuaré instando la aprobación de resoluciones de la Asamblea General de la OEA que fortalecen la autonomía y la labor de la defensa pública, como la actualmente en trámite relativa a “El rol de la defensa pública oficial en la justicia en asuntos ambientales”; así como la celebración de estas sesiones extraordinarias año a año”, finalizó la Defensora General.