El día 6 de noviembre de 2023 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) adoptó su dictamen en el caso “Olga del Rosario Díaz” (127/18), víctima de violencia de género.
El caso estuvo motivado por una comunicación presentada ante ese organismo internacional por la Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez. Allí se denunció que el Estado incumplió con las obligaciones de debida diligencia reforzada para prevenir los hechos de violencia sufridos por la Sra. Díaz, en especial la tentativa de femicidio que casi acaba con su vida. Si bien la víctima había realizado denuncias previas, al momento del ataque no contaba con ninguna medida de protección.
El dictamen del Comité CEDAW reseña el contenido de la denuncia internacional, adjunta el Acuerdo de Solución Amistosa alcanzado con las autoridades estatales y señala su cumplimiento cabal.
El proceso de solución amistosa atravesó diferentes etapas, que fueron supervisadas por el Comité a través de traslados periódicos de información. El Acuerdo de Solución Amistosa se suscribió el 23 de octubre de 2019, luego de un diálogo institucional que involucró a autoridades de la administración pública y del sistema judicial. Con posterioridad, fue aprobado el 17 de agosto de 2020 por el Decreto N°679/2020 del Poder Ejecutivo de la Nación.
El Estado reconoció su responsabilidad internacional por el deficiente tratamiento judicial dado al caso de la Sra. Díaz, realizó un pedido de disculpas público y se comprometió a implementar medidas de reparación. Además de la atención y compensación a la víctima, se realizaron las siguientes acciones a modo de no repetición:
- Se comunicó el Acuerdo de Solución Amistosa a los tribunales con competencia en materia de familia y penal que intervienen en denuncias de violencia de género en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Se elaboró a través de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) el documento de “Principios Generales de Actuación en Casos de Violencia Doméstica”, dirigido a los operadores del Poder Judicial de la Nación para generar buenas prácticas en la atención de este tipo de situaciones.
- Se capacitó a magistrados/as y a personal policial sobre el deber de prevenir, investigar y sancionar la violencia de género, así como sobre los efectos negativos que tienen los estereotipos de género en la tramitación de las denuncias.
- Se incluyó la evaluación de conocimientos sobre cuestiones de género y violencia contra las mujeres en los concursos para cubrir cargos en el Poder Judicial de la Nación y se confeccionó un registro público de denuncias presentadas contra magistrados/as por situaciones vinculadas con violencia de género (Res. CM 8/2021).
- Se convocó a organismos con competencia en la atención de casos de violencia de género para la formulación de un protocolo de articulación que evite la fragmentación del abordaje institucional. Además, se autorizó a través del sistema de gestión de causas el acceso recíproco entre el fuero civil y el penal a los expedientes vinculados con esta materia.
- Se realizaron acciones encaminadas a fortalecer el Cuerpo de Abogados y Abogadas para Víctimas de Violencia de Género.