El miércoles por la tarde se realizó una reunión informativa de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación, que preside el Diputado Rodolfo Tailhade, para analizar el proyecto de ley N° 2436-D-2022 sobre Fortalecimiento institucional y presupuestario del sistema judicial penal federal de la provincia de Santa Fe.
El proyecto, presentado por el diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, fue acompañado por diputados y diputadas de las diversas fuerzas políticas de la provincia, en el marco de la implementación territorial del Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
En representación de la Defensoría General de la Nación (DGN) participaron de la reunión el Dr. Javier Lancestremere, a cargo de la Secretaría General de Política Institucional; el Cdor. Marcelo Chiappara, a cargo de la Secretaría de Administración; y Dr. Gustavo Iglesias, defensor público oficial a cargo de la Coordinación General de Programas y Comisiones de la DGN.
Durante su intervención, el Dr. Javier Lancestremere transmitió el apoyo de la DGN a la aprobación del proyecto de ley, y manifestó que la aplicación del sistema acusatorio es una de las condiciones necesarias para una exitosa implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en la jurisdicción de Rosario, tal como lo dispuso la Resolución 2/2019 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del CPPF.
El secretario general indicó que, a partir de la experiencia desarrollada por la defensa pública en la implementación del sistema acusatorio en Salta y Jujuy, el Ministerio Público de la Defensa (MPD) se encuentra en condiciones de poder encarar el desafío de llevar adelante este modelo en la jurisdicción de Rosario.
El Dr. Lancestremere puso especial énfasis en señalar la preocupación de la Defensoría General por algunos aspectos que se omiten en el proyecto. En ese sentido, destacó, especialmente, que el proyecto prevé la creación de múltiples cargos de jueces/zas y fiscales y en menor medida de defensores/as públicos/as. En términos concretos, el Dr. Lancestremere remarcó que por cada tres fiscales se designa solo un/a defensor/a y eso es contrario a lo que dispone el art. 73 de la Ley 27.149, donde se establece que toda creación de nuevos juzgados debe ir acompañada de la creación de igual cantidad de defensorías públicas. Esta situación de desigualdad del MPD respecto al resto de los organismos que integran el sistema de justicia afecta el principio de igualdad de armas, herramienta fundamental de nuestro ordenamiento jurídico para asegurar una administración de justicia adecuada y eficiente, señaló.
La creación de jueces/zas y fiscales en Rosario, Venado Tuerto, San Lorenzo, San Nicolás, Santa Fe, Rafaela y Reconquista, sin la creación de los respectivos cargos de defensores/as públicos/as oficiales, redundará en un colapso de las defensorías existentes, generando una demora en el trámite de las causas, lo cual sería un obstáculo para la implementación eficiente del CPPF en la provincia de Santa Fe, concluyó.
El Dr. Gustavo Iglesias, en línea con lo mencionado por el Dr. Lancestremere, destacó la importancia de la defensa en el desarrollo del proceso penal y planteó que el número de defensores/as públicos/as históricamente estuvo por debajo del de los/as fiscales, aspecto que debe ser contemplado y corregido.
El reclamo por aumentar la cantidad de defensores/as, señaló el defensor, no responde a un interés sectorial, si no a permitir que el sistema funcione. Si no hay defensores/as, el sistema no va a funcionar, y si el sistema no funciona las respuestas de la sociedad van a ser muy críticas, concluyó.
Además de los integrantes del MPD, durante la reunión expusieron los Dres. Aníbal Pineda, juez federal en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario; Aurelio Cuello Murua, juez titular a cargo del Juzgado Federal de Venado Tuerto; Ricardo Moisés Vásquez, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Rosario; Juan Manuel Olima Espel, abogado especialista en Derecho Penal y Ciencias Políticas; César Grau, consejero suplente del Consejo de la Magistratura de la Nación; Federico Reynares Solari, fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario; Román Pablo Lanzón, juez de primera instancia de distrito en lo penal de la justicia ordinaria de Santa Fe; Héctor Recalde, consejero del Consejo de la Magistratura de la Nación; y las Dras. Andrea Majul, presidenta del Colegio de Abogados de la Tercera Circunscripción de la Provincia de Santa Fe; y Selva Raggio, abogada y directora ejecutiva del Foro Regional Rosario.
La reunión informativa de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación completa se puede ver en el siguiente enlace.
