El pasado 19 de octubre, en la sede de la Defensoría General de la Nación, se realizó la firma de la declaración conjunta interinstitucional “Acuerdo de principios básicos para la Derogación del Decreto-Ley 22.278 y la sanción de un Sistema de Justicia Juvenil”.
La declaración establece los estándares mínimos que debe tener un sistema penal respetuoso de los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNyA) y recoge los consensos sobre esta temática que alcanzaron una multiplicidad de actores, instituciones y organismos. El documento, propuesto por la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Dra. Marisa Graham, fue firmado por instituciones nacionales implicadas en la garantía de los derechos de las NNyA.
Además del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD), representado por la defensora general de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, participaron de la firma de esta declaración la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
El documento busca que la normativa interna en materia de niñeces y adolescencias infractoras a la ley penal se ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos. Para ello, promueve el debate sobre la creación de un fuero penal juvenil sin bajar la edad de punibilidad ni endurecer las penas. Además, la propuesta contempla la utilización de medidas alternativas al proceso y a la pena, prevé a la privación de libertad solo para casos excepcionales y destaca la necesidad de especialización de todos los efectores que trabajen con NNyA, entre otros.
El pronunciamiento se sustenta en que, en distintas oportunidades, instancias internacionales como el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalaron la necesidad que el Estado argentino cree un sistema de justicia penal juvenil para evitar que ocurran violaciones a los derechos humanos de NNyA.
Entre esas vulneraciones que se registraron en Argentina, el documento señala a “la práctica discrecional de privar de libertad a niñas, niños y adolescentes por protección y no por la comisión de un delito, las graves condiciones de detención en los centros de privación de libertad y el alejamiento de sus familias y comunidades, y la imposición de penas altas incluidas condenas a prisión perpetua.”
En la actualidad, en materia de justicia penal juvenil, en la Argentina rige el Decreto-Ley N° 22.278 de la última dictadura militar, que contiene disposiciones contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Frente a ello, los organismos firmantes proponen crear un nuevo sistema que debe promover y garantizar el respeto de los derechos y las libertades fundamentales con un debido proceso que lo sustente.
El documento se puede consultar en el siguiente enlace.
