El día 25 de octubre tuvo lugar la primera jornada del IX Congreso de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) “Abordajes de la violencia institucional desde las defensorías públicas”, que se desarrolla hasta el día de mañana en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

La apertura del congreso estuvo a cargo de la coordinadora general de AIDEF y defensora general de la Nación Argentina, Dra. Stella Maris Martínez. También participaron del acto el Dr. Pablo Saavedra, secretario ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); la Dra. Silvia Nonna, vicedecana de la Facultad de Derecho de la UBA; el Dr. Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación; el Dr. Javier Salgado, director de Contencioso Internacional en materia de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación; el Dr. Remo Carlotto, secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH); la Dra. Andrea Triolo, comisionada del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura; y la Dra. Eva del Hoyo Barbolla, directora general de Políticas de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España.

Al hacer uso de la palabra durante la presentación, la Dra. Martínez señaló que “uno de los objetivos principales en el trabajo de la defensa pública es la temática de la violencia institucional”. “Los defensores y defensoras públicas, por el contacto directo que tenemos con nuestros asistidos y asistidas, somos responsables de su seguridad, de su salud y muchas veces somos los únicos en quienes realmente confían”, detalló.

“El rol protagónico de la defensa pública ha sido convalidado por todos los países de la región mediante resoluciones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que todos los años reivindica el rol de la defensa autónoma e independiente como garante de los derechos humanos. En particular, en 2016, la resolución de la OEA dijo que la defensa oficial es salvaguarda de la libertad y de la integridad personal y fomentó a las defensorías públicas de los países que desarrollen instrumentos destinados a la sistematización y registro de casos y denuncias de tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes, para que puedan funcionar como herramientas de prevención de violaciones de derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Esto lo firmaron todos los países de la OEA, es decir que nadie puede decirle a la defensa pública que no puede ocuparse de esta temática”, señaló.

La defensora también hizo referencia a la cooperación brindada por el programa EUROsociAL de la Unión Europea para llevar adelante políticas de combate contra la violencia institucional carcelaria y para facilitar el acceso a la justicia a personas en situación de movilidad en la región. También destacó el trabajo en conjunto de AIDEF con la Corte IDH para la creación de la defensa pública interamericana. En ese sentido, señaló que esa colaboración “permitió llevar a la Corte IDH temas que no se habían tratado, se han fijado estándares para considerar que una defensa pública sea eficiente y se colaboró en la capacitación de defensores y defensoras públicas interamericanas, quienes, a su vez, difunden esos estándares al interior de las instituciones de defensa pública de los países de la región”.

A su turno, el Dr. Pablo Saavedra señaló: “en nuestra América, la violencia institucional es generada por políticas de Estado. Desde Argentina nos enseñaron el ‘Nunca más’ al terrorismo de Estado y a las violaciones de los derechos humanos. Pero hoy nos toca combatir a la violencia institucional en democracia, que se manifiesta en el maltrato carcelario, en la represión a la protesta social, en el abuso policial y en la impunidad, que se genera cuando los sistemas de justicia son incapaces de dar respuesta a las víctimas y de juzgar con independencia a los responsables. En la actualidad, la violencia institucional también se produce cuando se buscan retrocesos en derechos humanos ya conquistados. La defensa pública tiene un rol clave que jugar para combatir a la violencia institucional en nuestra América, levantando las banderas de los derechos humanos y garantizando el acceso a la justicia”.

En ese sentido, el secretario Horacio Pietragala calificó a las defensorías públicas como “aliados estratégicos para abordar los casos de violencia institucional, para prevenirlos y explicarle a la sociedad esa problemática”. También destacó a la colaboración de Argentina con los mecanismos internacionales de derechos humanos para poder avanzar en “cambios estructurales en el Estado para poder erradicar la problemática de la violencia institucional”.

En coincidencia, el Dr. Remo Carlotto identificó que “las personas que están detenidas en Latinoamérica son las personas jóvenes de las periferias de las grandes ciudades, quienes viven la desigualdad social y solo pueden acceder a sus derechos esenciales a través del defensor público”. “La defensa pública tiene que reaccionar fuertemente frente a la selectividad del sistema de justicia penal”, concluyó.

La primera jornada del encuentro se compone, además, por tres paneles. En ellos se realizará la presentación de una investigación sobre el “Impacto de la jurisprudencia de la Corte IDH en la labor de la defensa pública”, surgida de la realización de un seminario que AIDEF organizó durante el mes de abril de este año. También se abordarán en particular los principios para la realización de entrevistas efectivas para la investigación de hechos de violencia institucional, y se trabajará sobre las obligaciones del Estado frente a la violencia institucional en contextos de encierro.

Segunda jornada

La segunda jornada del congreso incluyó la realización de tres paneles. En el que trató sobre violencia institucional y grupos vulnerables participaron Víctor Madrigal-Borloz (ONU), Ana Penchaszadeh (CONICET), Diana Maffia (Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires) y Gustavo Vargas (Defensor Público de la Víctima con asiento en Chaco). La segunda charla del día abordó la violencia institucional en los procedimientos de las fuerzas de seguridad, allí intervinieron Silvia Martinez (defensora pública interamericana y defensora pública oficial), Paula Litvachky (CELS) y Luis Pedernera (Comité de los Derechos del Niño ONU). Finalmente, tuvo lugar el panel “SIRCAIVI. Experiencia de la AIDEF. Implementaciones locales: Costa Rica,Chile y Argentina”, que tuvo como expositores a Luciano Hazan (Programa contra la Violencia Institucional DGN), Carlos Mora Jano (Defensoría Penal Pública de Chile) y a Juan Carlos Pérez Murillo (Defensoría Pública de Costa Rica).

De manera posterior, tuvo lugar la conferencia de cierre del congreso a cargo del Dr. Carlos Beristain, médico y psicólogo del País Vasco que fue asesor de comisiones de la verdad en diversos países y en la actualidad se desempeña como comisionado en la Comisión de la Verdad de Colombia.

El experto compartió sus aprendizajes del trabajo con víctimas de violencia institucional y destacó lo fundamental que resulta lograr un vínculo de confianza con ellas para documentar las torturas, darles impulso en su lucha contra el miedo y en el proceso de reconstrucción de su dignidad. También se refirió a la necesidad de que las víctimas encuentren un sentido a su participación en los procesos jurídicos que surgen de sus experiencias traumáticas: “necesitamos lograr que las víctimas reconceptualicen su identidad y se sepan poseedoras de derechos, que se impliquen en el litigio y explorar qué les resulta significativo en términos de su reparación. Las víctimas de tortura deben ser sujetos de su propia recuperación y del proceso de retomar el control sobre su cuerpo y su vida. Quienes las acompañamos en ese proceso debemos disponernos a ser parte de su historia”, concluyó.

Todas las actividades del congreso pueden revivirse en el canal de Youtube del MPD.

Nuevos integrantes del Comité Ejecutivo de AIDEF
El 24 de octubre, en la sede del Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina, se realizó la reunión de Consejo Directivo de la asociación en la que, entre otros puntos tratados, tuvo lugar la elección de los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo para el período octubre 2022 a octubre 2024. Allí resultó electo como coordinador general de AIDEF el Dr. Juan Carlos Pérez Murillo, actual coordinador de la asociación para América Central y director de la Defensa Pública de Costa Rica.

Durante el acto de clausura del presente congreso se realizará el traspaso de la coordinación general de AIDEF al Dr. Pérez Murillo.

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