Hoy se cumplen 5 años de la sanción de la ley Nº 27372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.
A partir de esa norma votada en 2017, el Congreso de la Nación puso en cabeza del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD) la tarea de garantizar la asistencia técnica y patrocinio jurídico de las víctimas de delitos cuando ellas tuvieran limitación de recursos económicos o se encontraran en situación de vulnerabilidad. Para cumplir con esa misión de enorme importancia, la ley creó veinticuatro cargos de Defensor/a Público/a de Víctima para desempeñarse en cada una de las jurisdicciones locales (las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y formar parte del MPD.
En agosto del mismo año, tan sólo un mes después de que se publicara la ley en el Boletín Oficial, la Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez, efectuó la convocatoria de los concursos públicos de antecedentes y oposición para cubrir esos cargos, que fueron inmediatamente motorizados por la Secretaría de Concursos de la Defensoría General de la Nación (DGN). Como resultado, cuatrocientos postulantes fueron evaluados por un jurado en relación con sus antecedentes declarados, en una tarea que se llevó adelante en apenas seis jornadas de intenso trabajo. Esta circunstancia hizo que aquel procedimiento se convirtiera en el más complejo y voluminoso que se hubiera tramitado en la institución.
Luego de la evaluación de antecedentes, hubo una instancia de pruebas de oposición - escrita y oral- y, apenas un año más tarde, ya se habían elevado a consideración del Poder Ejecutivo Nacional las ternas conformadas para la cobertura de seis de los mencionados cargos, a las que se sumaron otras catorce en diciembre de 2018. Para marzo de 2020, se había completado la totalidad de las veinticuatro ternas concursadas. Desde esa fecha, todos los concursos para cubrir los cargos de Defensor/a Público/a de la Víctima ya se encontraban concluidos y fuera de la órbita del Ministerio Público de la Defensa.
Al día de hoy, se encuentran en funciones siete Defensores/as Públicos/as de Víctima en distintas jurisdicciones del país (Buenos Aires, Salta, La Pampa, Neuquén, Chaco, Tierra del Fuego y Catamarca), cuyos juramentos en el cargo fueron tomados por la Defensoría General de la Nación inmediatamente después de la publicación en el Boletín Oficial de los respectivos decretos de designación sancionados por el Poder Ejecutivo Nacional.
No es posible minimizar la importancia que implica el nombramiento de nuevas y nuevos defensores de víctima a los fines de poder cumplir con la ley. Es por eso que, a 5 años la sanción de la ley Nº 27372, desde el MPD instamos a que, con urgencia, se elijan y designen a las y los ternados para ocupar los cargos aún vacantes.