El 12 de junio fue el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. La Defensoría General de la Nación recuerda que el llamado trabajo infantil es una violación de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes (NNyA), que perjudica su educación, limita sus oportunidades y los expone al riesgo de sufrir daños físicos y psicológicos.
En Argentina, el trabajo de NNyA menores de 16 años está prohibido por ley, sea este remunerado o no. En sus peores formas, el trabajo infantil puede configurar servidumbre, explotación, trata de personas, esclavitud.
Los NNyA tienen derecho a la vida, a la intimidad, a la salud, a la educación, a hacer deporte y a jugar, entre otros derechos. La Convención sobre los Derechos del Niño, que Argentina suscribió en 1990, reconoce el derecho de NNyA a estar protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
De acuerdo a datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Unicef, el trabajo infantil no disminuye en el mundo desde 2016. Más de 160 millones de NNyA de todo el mundo trabajan - 1 de cada 10 niños de entre 5 y 17 años -. Los organismos estiman que, sin estrategias de mitigación, el número de NNyA en situación de trabajo infantil podría aumentar en 8,9 millones para fines de 2022, debido, en gran parte, a las consecuencias de la pandemia de COVID-19 y al aumento de la pobreza.
En nuestro país, por su parte, según los datos de la última Encuesta de Actividades de NNyA (EANNA 2016/17), realizan tareas laborales 1 de cada 10 niños y niñas de entre 5 y 15 años, y 3 de cada 10 adolescentes de entre 16 y 17 años. Con un fuerte impacto en áreas rurales, el trabajo infantil abarca también las tareas intensivas domésticas y de cuidado, y está cruzado por aspectos culturales, sociales y de género.
A través del Programa de Asesoramiento y Promoción de Derechos de las Víctimas del Delito de Trata de Personas, y el trabajo de los Defensores y Defensoras Públicos de la Víctima, el Ministerio Público de la Defensa reitera su compromiso para la erradicación y prevención de la explotación laboral y la trata de NNyA, y continúa su tarea para garantizar el acceso a la justicia de todas las personas, en especial de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
