Ayer por la mañana, la Defensoría General de la Nación (DGN) presentó su investigación “Análisis de género en el trámite de los concursos en el Ministerio Público de la Defensa”. El acto, que se realizó de manera virtual, contó con la participación de la defensora general de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez; también fueron parte de la presentación Dora Barrancos, socióloga e investigadora feminista; Corina Rodríguez Enríquez, economista e investigadora del CONICET; y Raquel Asensio, coordinadora de la Comisión sobre Temáticas de Género de la DGN.
A partir de los resultados de la investigación que, para el período que va de 2008 a 2019, señalan una participación de la mujer del 36% en los concursos que se realizan para acceder a cargos de defensoras/es y una decreciente equidad de género entre los cargos del organismo que poseen rango de magistradas/os, la defensora general anunció una serie de modificaciones, tanto en el “Reglamento para el ingreso de personal al MPD” como en el “Reglamento de concursos para la selección de magistrados/as del Ministerio Público de la Defensa de la Nación” (MPD), dispuestas para revertir la situación.
Entre otras iniciativas, destacó la incorporación en los trámites de concursos del principio rector de igualdad y no discriminación; que se garantizará la diversidad de género en la conformación de los jurados de concursos y de los tribunales examinadores; que cuando la cantidad de inscriptas a un concurso sea inferior al 40%, se ampliará por única vez el plazo de inscripción de forma exclusiva para mujeres; que se asegurará que toda persona que transite un embarazo, se encuentre en período de lactancia o en uso de su licencia por maternidad reciba un trato acorde a su condición, permitiéndoles rendir exámenes en el momento adecuado a sus necesidades. Además, informó que se incluirá en los temarios cuestiones que permitan evaluar la perspectiva de género de los/las postulantes, así como el conocimiento sobre el Protocolo de actuación para la prevención y la intervención en casos de discriminación por motivos de género del MPD; y que se prevén mecanismos para que las mujeres accedan a publicaciones, funciones docentes, becas y cursos del MPD que suman puntaje en la valoración de los antecedentes.
Martínez señaló que, en el tiempo abarcado por la investigación, el 79% de las ternas remitidas al Poder Ejecutivo Nacional para que se designen defensoras/es, tenían en su composición a una mujer; sin embargo, se redujo sustancialmente el número de mujeres designadas. Ante esa situación propuso: “la solución de fondo es que el presidente dicte un decreto autolimitándose y que establezca que se va a evaluar la cantidad de mujeres y hombres que hay en cada uno de los estamentos de la administración de justicia en la jurisdicción para la que se concursa, antes de hacer su propuesta de designación”. “En el ámbito federal hay jurisdicciones que están compuestas exclusivamente por varones”, ejemplificó. “Yo, a partir de hoy, cada vez que eleve una terna voy a adjuntar un análisis objetivo que informe cuántos hombres y mujeres tenemos en el MPD y cómo está compuesta la jurisdicción en general al día de la elevación; esto es un intento por lograr revertir este proceso y alcanzar la mayor paridad posible”, dijo.
“Es evidente que las estructuras de poder, y en particular las del sistema de administración de justicia, están preparadas para que los roles dominantes los desarrollen los hombres, por eso tenemos que construir un nuevo paradigma, en el que las mujeres sepan que pueden y, a su vez, reclamen ese lugar de lideresas que naturalmente deberían tener”, afirmó. Martínez también invitó a todos los segmentos del poder judicial y los ministerios públicos nacionales y provinciales, así como a los poderes legislativos y ejecutivos, a reiterar este tipo de investigación en sus ámbitos para que contribuyan a que este panorama se revierta.
Para finalizar, dirigió una arenga a todas las mujeres del MPD: “el miedo a participar de concursos se vence con la práctica, lo importante es no abandonar la lucha y estar decididas a ocupar los espacios que todas nos merecemos”.
La investigación
La encargada de presentar los principales resultados y conclusiones de la investigación fue Raquel Asensio, quien afirmó que el objetivo fue “ver qué pasaba con el trámite de los concursos ya que, en el organismo, que históricamente ha sido de los más equitativos dentro del sistema de administración de justicia, las mujeres venían perdiendo presencia en los cargos jerárquicos.”
Así se reveló que en el MPD hay un 37% de mujeres entre los 186 cargos de magistradas/os que en la actualidad se encuentran ocupados. Pese a ser un organismo en el que las mujeres son el 58% de la integración total, la participación de mujeres en los concursos solo alcanza el 36%. La investigación, llevada adelante por la Comisión sobre Temáticas de Género, se valió de los datos que la Secretaría de Concursos de la DGN registró en 145 trámites de concursos.
Asensio describió que la investigación se complementó con una encuesta a abogadas y abogados del MPD que permitió incorporar la palabra de las y los interesados en acceder a un cargo de defensor o defensora y brindar respuestas para revertir este proceso. De esa manera se identificó que la problemática de la distribución de las obligaciones de cuidado entre hombres y mujeres es uno de los mayores obstáculos que encuentran ellas para concursar. El deber de asumir esas tareas impide, en muchos casos, a las mujeres perfeccionarse; por eso, al momento de evaluar antecedentes para acceder a los cargos de mayor jerarquía, ellas suelen quedar en posiciones inferiores respecto a los hombres. Eso configura lo que se conoce como ‘piso pegajoso’ y bloquea a las mujeres en tareas de menor responsabilidad. Otro gran obstáculo se vincula con la falta de representatividad identitaria, pues los lugares jerárquicos siguen siendo ocupados de forma prominente por varones.
Los resultados de la encuesta evidenciaron sesgos en el uso del tiempo de varones y mujeres. En especial, muestra que las mujeres siguen siendo las principales responsables de las tareas domésticas y de cuidado de personas, que la maternidad afecta a su desarrollo profesional, y que, al disponer de menor cantidad de tiempo, cuentan con menos posibilidades de acceder a créditos académicos que son valorados en los trámites de concursos.
Al concluir el detalle del diagnóstico realizado, Asensio afirmó que “justamente cuando la agenda de género está más institucionalizada vimos en el organismo una pérdida de la equidad, lo que hace alusión a la necesidad de implementar mecanismos correctivos internos, pero también a la necesidad de voluntad política para que las designaciones futuras puedan revertir la tendencia actual.”
Por su parte, también durante la presentación, Dora Barrancos y Corina Rodríguez Enríquez realizaron comentarios a la investigación. La socióloga, historiadora y asistente ad honorem del presidente de la Nación, destacó el aspecto cuanti-cualitativo de la investigación y se mostró sorprendida por la magnitud de la caída de presencia de mujeres en cargos de magistradas en el período estudiado. “¿Cómo subsanar esta situación de desigualdad?”, planteó Barrancos y propuso “que haya jurados integrados por más mujeres, sobre todo los que tienen que ver con penal, federal y segunda instancia. Ahí hay que saturarlos con mujeres. También hay que preparar a los jurados: tienen que tener capacitación en perspectiva de género”. “Para medir los antecedentes”, subrayó, “también hay que tener perspectiva de género: hombres y mujeres tienen distintas condiciones de posibilidad y se debe ponderar a partir de esa desigualdad. Nuestras evaluaciones son altamente irracionales, porque se termina ponderando como iguales cosas o situaciones que no lo son”.
Finalmente, Corina Rodríguez Enríquez destacó la relevancia de la investigación porque “trae evidencia sólida de lo que venimos sosteniendo desde hace décadas sobre la trayectoria de vida laboral y cotidiana de las mujeres”. Sus resultados “ilustran cómo las mujeres en el MPD se van perdiendo en el camino hacia los cargos de mayor jerarquía” y permiten discutir “la autoexclusión de las mujeres; cómo se construye su falta de confianza y la necesidad de mecanismos que vayan eliminando los obstáculos”. Acerca de los desafíos que plantea el trabajo y en línea con Barrancos, la economista e investigadora del CONICET destacó que “se necesita una justicia menos patriarcal para que sea justa, promover la participación de mujeres y la perspectiva de género para desarmar los nudos de reproducción de desigualdad”.
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