La presentación se realizó el día de ayer en el contexto del seminario internacional “El acceso a Justicia de personas en contexto de movilidad en América Latina”, organizado por el programa EUROsociAL+ de la Unión Europea y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF). El evento, realizado a través de una plataforma virtual, contó con la participación del Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Felipe González Morales y la coordinadora general de AIDEF y defensora general de la Nación de Argentina, Stella Maris Martínez, además de expertos y expertas de Europa y Latinoamérica.
Todas las voces presentes en la charla coincidieron: la pandemia de COVID-19 agravó las vulnerabilidades de las personas personas migrantes y refugiadas en América Latina, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Previo a la presentación de la Red Interamericana se presentaron algunas conclusiones de un diagnóstico realizado por EUROsociAL+ a solicitud de AIDEF sobre “Acceso a la Justicia de personas en contexto de movilidad humana”. Allí se indica que, entre otros aspectos, “las dificultades que atraviesan migrantes y refugiados que buscan regularizar su situación documentaria se ha agravado por la crisis ligada al COVID pues los procedimientos en muchos países se encuentran suspendidos, con el consiguiente temor y riesgo de ser devueltos a su país de origen”. El diagnóstico hace también una descripción de las principales necesidades jurídicas no cubiertas que enfrentan estos colectivos, como el acceso a documentación para la regularización, el acceso a derechos como la salud, educación, defensa para la no devolución, expulsiones colectivas y representación legal para las personas procesadas penalmente.
Según el mismo informe “el 21% de las defensorías públicas considera que en su respectivo país —y aún en su propia institución— no se conocen las necesidades jurídicas de los migrantes y refugiados. Además, en un 36% de los casos, las defensorías no tienen una línea de trabajo específica de trabajo en favor de estos colectivos, sino que están dentro de los servicios que brindan a los usuarios en general y un 43% de las defensorías públicas no tienen un protocolo o instrumento especial para la asistencia jurídica a migrantes y extranjeros”. Además, continúa la investigación, “las defensorías públicas han señalado que la asistencia jurídica que realizan a personas migrantes no cuenta con enfoque de género en un 29% de países, ni adaptada a los niños/as en contexto de movilidad humana”.
Por ende -y así lo señalaron los expertos y expertas reunidos en el seminario- la situación revela la importancia de contar con una red de asistencia regional para potenciar el asesoramiento temprano a posibles beneficiarios de protección internacional y la asistencia jurídica para que las personas puedan conocer las vías regulares de entrada y permanencia en los distintos países de la región.
Stella Maris Martínez señaló que desde AIDEF “estamos muy agradecidos que Eurosocial haya confiado una vez más en las defensoras y defensores públicos oficiales regionales para armar este proyecto. Gracias a este trabajo, se forma una verdadera red de prestadores jurídicos especializados en personas en situación de movilidad, que significa un intercambio de buenas prácticas, apoyos y que revoluciona por completo la asistencia para todo este colectivo”.
“Es muy importante”, concluyó, “que las y los defensores de la región hagan suyo el proyecto, estudien los modelos, se involucren y participen de la red. Un objetivo común es que resaltemos la dignidad humana de las personas migrantes, para que no sean más ignoradas y sean escuchadas. Nosotros somos la voz de esas personas, tenemos que hacerlo valer y lograr que todas puedan gozar de sus derechos tal cual se lo merecen”.
Luego tanto Juan Jiménez Mayor como Carmen de Miguel, especialistas de EUROsociAL, destacaron que la Red de asistencia jurídica, potencialmente integrada en AIDEF, será un espacio en el que los países podrán compartir e intercambiar información en casos concretos, entre otros aspectos, mientras que el objetivo del Modelo es orientar la forma en que las defensas públicas de la región darán cumplimiento a la normativa internacional de derechos humanos para mejorar el acceso a la justicia de personas migrantes y refugiadas.
“Este modelo y esta red contribuyen a mejorar la gobernanza de la migración regional e internacional y a fortalecer el vínculo entre migración y desarrollo” resumió el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Felipe González.