El día 18 de agosto se aprobó, mediante el Decreto del Poder Ejecutivo de la Nación N° 679/2020, un Acuerdo de Solución Amistosa suscripto entre el Estado Nacional y la Sra. Olga Rosario Díaz, víctima de violencia de género. 

El Acuerdo se había firmado el 23 de octubre de 2019, luego de un proceso de diálogo que estuvo motivado por una comunicación internacional de la Defensoría General de la Nación al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). En ella se denunció que el Estado argentino incumplió la obligación de debida diligencia reforzada para prevenir hechos de violencia de género, en especial la tentativa de feminicidio sufrida por la Sra. Díaz el 24 de marzo de 2017 a manos de su ex pareja. Si bien la víctima había realizado una denuncia poco antes por violencia de género, al momento del ataque no contaba con ninguna medida de protección. 

El Acuerdo oportunamente suscripto, ahora aprobado por Decreto del Sr. Presidente de la Nación Argentina con intervención de los ministros pertinentes, reconoce la responsabilidad internacional del Estado por el deficiente tratamiento judicial dado al caso de la Sra. Díaz. 

A partir de esto, el Estado se compromete a brindarle a la Sra. Díaz una reparación pecuniaria, cuyo monto será fijado por un tribunal arbitral. Además, se incluye un pedido público de disculpas y el apoyo interdisciplinario integral por parte de distintas dependencias estatales. 

Por otra parte, el Acuerdo prevé la adopción de medidas de no repetición, destinadas a mejorar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. En este orden, el Estado argentino se compromete a:

1. Elaborar y publicar un documento con "Principios Generales de Actuación", dirigido a los operadores del Poder Judicial de la Nación y al resto de los actores que intervienen en la gestión de denuncias de violencia de género, a fin de generar buenas prácticas en la atención de este tipo de casos. 

2. Capacitar a jueces y personal policial sobre el deber de prevenir, investigar y sancionar la violencia de género y sobre los efectos negativos que tienen los estereotipos de género en la tramitación de las denuncias. 

3. Convocar a organismos con competencia en la atención de casos de violencia de género para la formulación de un protocolo de articulación institucional. Ante la falta de un fuero especializado, con esta herramienta se pretende lograr una mejor coordinación de los organismos que intervienen en la gestión de las denuncias, para evitar la reiteración innecesaria de las declaraciones de las damnificadas y minimizar su revictimación; así como mejorar los canales de diálogo entre los distintos juzgados que atienden los reclamos. 

4. Incluir la evaluación de conocimientos sobre cuestiones de género y violencia contra las mujeres en los concursos para cubrir cargos en el Poder Judicial de la Nación, y confeccionar un registro público de denuncias presentadas contra magistrados/as por situaciones vinculadas con violencia de género, en el que conste el trámite que se les imparte.

5. Comunicar el Acuerdo de Solución Amistosa a los juzgados y tribunales con competencia en materia de familia o penal que intervienen en denuncias de violencia de género en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El caso 

La violencia por motivos de género sufrida por la Sra. Olga del Rosario Díaz inició en el 2002. Ese año intentó separarse de su entonces pareja, quien reaccionó con distintas formas de violencia física y amenazas de muerte. Estos hechos fueron oportunamente denunciados y se inició una causa penal cuyo trámite estuvo paralizado durante quince años. Los episodios de violencia se intensificaron en 2016 cuando ella puso fin al vínculo y se fue a vivir con una de sus hijas. El 2 de febrero de 2017 denunció a su ex pareja por la violencia sufrida, manifestó que sentía temor por las amenazas de muerte que le había realizado y pidió medidas de protección para ella y para sus hijos. El 24 de marzo de 2017, su ex pareja apuñaló a la Sra. Díaz en su hogar, quien no contaba en ese momento con ningún dispositivo o medida judicial de protección a pesar de las denuncias que había hecho a lo largo de los años. En ese episodio también atacó a su hijo que intentó defenderla, y a vecinos y personal policial que intervinieron. 

Enlace para acceder al Decreto N° 679/2020 del Poder Ejecutivo de la Nación