La Defensoría General de la Nación (DGN), a cargo de Stella Maris Martínez, presentó un informe alternativo ante el Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de las Naciones Unidas (CMW), en el marco del proceso de revisión periódico del Estado argentino, en el que denunció las afectaciones del debido proceso derivadas de la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017 a los trámites migratorios, y realizó recomendaciones vinculadas a los derechos humanos de los y las migrantes.
El documento se refiere, en especial, a la violación del derecho de defensa, el derecho a producir prueba y el derecho al recurso con una revisión integral que poseen las personas migrantes en Argentina.
El citado DNU, aprobado a comienzos de 2017, implica una importante regresión respecto de la redacción original de la Ley N° 25.871, que había sido reconocida por organismos internacionales y celebrada como una medida positiva por el propio CMW en sus Observaciones Finales a la Argentina del año 2011.
De acuerdo al informe presentado ante la ONU, la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación ha observado durante 2018 un aumento considerable en la cantidad de retenciones y expulsiones de migrantes. La Comisión, que intervino en más de 1700 casos administrativos y judiciales, asegura que el Estado, a través de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), ha llevado a cabo retenciones y expulsiones de personas que tienen menores de edad a su cargo, sin resguardo alguno de sus intereses. También ha tomado conocimiento de casos en los que se han retenido durante varios días y luego expulsado a migrantes cuyas parejas se encontraban embarazadas o dependían económicamente de ellos.
En la presentación la DGN advierte que ha observado que la gran mayoría de los tribunales intervinientes niega la apertura a prueba de los expedientes, no evalúa la validez de las órdenes de expulsión dictadas por la DNM, e, incluso, algunos tribunales rechazan sistemáticamente la intervención del defensor o la defensora de menores cuando existen niños, niñas y adolescentes involucrados/as, por ser hijos/as o estar a cargo de la persona expulsada.
La DGN llama a respetar las garantías y los derechos humanos de las y los migrantes en los procesos administrativos y judiciales, fundamentalmente en aquellos en los que se emitieron órdenes de expulsión. En especial, el organismo pidió garantizar que los niños y niñas afectados por los procesos de expulsión seguidos contra sus madres, padres y cuidadores, sean oídos con las debidas garantías y cuenten con una representación jurídica autónoma en resguardo de su interés superior.
En opinión de la DGN, es necesario garantizar revisiones judiciales verdaderamente integrales de las órdenes de expulsión dictadas, que realicen un adecuado test de ponderación de los derechos en juego y apliquen un enfoque de derechos humanos. Además, el organismo pidió garantizar las dispensas correspondientes para efectivizar los derechos a la unificación familiar de los y las migrantes que enfrentan procesos de expulsión, y el derecho de sus hijos e hijas a permanecer junto con sus padres y madres en su lugar de arraigo.
Por otra parte, la Defensoría solicitó la revisión integral y con perspectiva de género de los más de 125 casos en los que asiste a madres o abuelas que enfrentan procesos de expulsión y que arriesgan la posibilidad de ser separadas de sus hijos o nietos a cargo; llamó a respetar el principio de no devolución en los casos de procesos de expulsión de refugiados; garantizar el derecho de todo refugiado a contar con un documento en Argentina; y a erradicar las prácticas de violencia institucional contra población migrante, en particular vendedores ambulantes, personas que ejercen la prostitución y personas pertenecientes al colectivo LGTBI.
Para finalizar, la DGN pidió eliminar los obstáculos que enfrentan los migrantes para acceder al trabajo formal y a sus derechos económicos, sociales y culturales, en especial a la salud, la educación, las asignaciones familiares y las pensiones no contributivas.
Perspectiva de género
De los 125 casos en los que la Defensoría asiste a madres o abuelas que enfrentan procesos de expulsión, 107 corresponden a casos de madres con hijos argentinos, 11 a madres con hijos no argentinos y 7 a casos de abuelas a cargo de sus nietos/nietas. En 32 casos, además, se trata de una familia monoparental y algunas de esas madres han sido víctimas de violencia doméstica. Sus órdenes de expulsión también fueron confirmadas sin tener en consideración sus situaciones particulares.
Varios de estos casos se encuentran actualmente recurridos y en instancia de revisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entre ellos, cabe destacar el caso de una mujer, madre de cuatro menores de edad de nacionalidad argentina, que fue víctima de violencia doméstica y de género por parte del padre de sus tres hijos mayores, y cuya orden de expulsión fue confirmada cuando todavía se encontraba amamantando a su hijo menor.
Cabe resaltar la falta de perspectiva de género respecto de las mujeres denominadas “mulas”, quienes son expulsadas por infracciones a la Ley de Estupefacientes, sin tener en consideración alguna de su situación de extrema vulnerabilidad, o la posibilidad de que en realidad sean víctimas de trata de personas en la modalidad de trabajo forzoso.
La DGN también advierte prácticas discriminatorias hacia personas trans por parte de algunos tribunales del fuero Contencioso Administrativo Federal, que resultan violatorias de la ley de identidad de género (Ley Nº 26743). Sus órdenes de expulsión son confirmadas sin tener en cuenta su situación de vulnerabilidad y la violencia estructural a la que son sometidas en general y, en especial, en determinados países de origen donde sus vidas corren riesgo por su condición. Además, ha habido casos en los que, a pesar de que la Comisión del Migrante informa al tribunal interviniente el género y nombre utilizado por la persona, los/as magistrados/as se han referido a ellas a lo largo de las sentencias y de todo el procedimiento con el nombre y el género que les fueran asignados al momento del nacimiento.
Violencia Institucional
Por otra parte, el Programa contra la Violencia Institucional de la DGN informó que las trabajadoras y los trabajadores migrantes se ven afectados por detenciones arbitrarias y hechos de violencia policial, en particular quienes realizan venta ambulante, personas que ejercen la prostitución y personas pertenecientes al colectivo LGTBI. A ellos se les suele imputar el delito de resistencia a la autoridad con el fin de justificar el actuar policial violento durante la detención o del secuestro de la mercadería que venden.
A pesar de que existe una amplia mayoría de vendedores senegaleses entre los migrantes que son detenidos por los delitos previstos en la Ley de Marcas, el 96% de estos casos no son convalidados por la justicia federal.
Según el informe, a pesar de que estas actuaciones no son convalidadas por la justicia, las detenciones y secuestros de mercaderías contra senegaleses siguen repitiéndose con arbitrariedad y con una selectividad discriminatoria en el accionar policial basada en la nacionalidad, origen étnico, pobreza y otros motivos de vulnerabilidad. Para remediar esta situación la DGN pidió al Comité que inste al Estado argentino a detener esta práctica discriminatoria y adecúe el accionar policial a los estándares internacionales para la regulación del espacio público.
Derechos económicos, sociales y culturales
El documento elaborado por la DGN advierte que los migrantes que cuentan con residencia precaria o permiso de permanencia transitoria encuentran serias dificultades para conseguir empleo registrado, quedando expuestos/as a situaciones de explotación. Eso se debe a que la gran mayoría de los empleadores no contratan migrantes sin Documento Nacional de Identidad argentino, y a que quienes están dispuestos a hacerlo encuentran serias dificultades para llevar adelante los trámites necesarios.
Para consultar el informe alternativo 2019 de la DGN, ingrese aquí
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCMW%2fIFN%2fARG%2f35796&Lang=en.
