Magistrados y funcionarios de la Defensoría General de la Nación (DGN) participaron del V Congreso de Derecho de Ejecución Penal que se realizó el 3 y 4 de agosto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El evento, que contó con una nutrida concurrencia, fue organizado por el Centro de Estudios de Ejecución Penal (CEEP) de la UBA.
Por la mañana, Nicolas Laino, defensor público oficial y co-titular del Programa contra la Violencia Institucional de la DGN, participó del panel “Prevención y respuesta judicial a la tortura en prisión”. Allí señaló que “la voz del detenido es una voz deteriorada” y explicó que las dificultades probatorias de los delitos cometidos en contextos de encierro hacen necesario visualizar al preso como víctima. “Para esto hay que hacer un trabajo de sensibilización de los todos agentes judiciales”, remarcó.
Al referirse a la sanción y prevención de los delitos de tortura, propuso que una de las respuestas posibles es la “compensación de la tortura con una condonación de la pena aplicada como medida reparativa. Y sobre esto los defensores públicos podemos trabajar muchísimo, para poder optimizar mucho más esta doctrina judicial en relación a la problema”.
Sobre el final de su intervención, el defensor Laino recordó que hay un estándar en derecho internacional que presupone la responsabilidad estatal en daños ocurridos durante la privación de libertad. “Si una persona fue detenida y estaba bien, y sale del servicio penitenciario golpeada y torturada, hay una presunción de que quien hizo esto fue el estado. Nosotros creemos que el estado tiene que compensar esta situación con reducción del tiempo de pena”.
Más tarde, Rubén Alderete Lobo, titular de la Unidad Especializada en Derecho de Ejecución de la Pena ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la DGN, hizo su presentación en el panel “Jurisprudencia de tribunales superiores”. Su intervención giró en torno a la necesidad de que el principio acusatorio cumpla con dos requisitos fundamentales: el derecho a la defensa y la imparcialidad del tribunal.
Por la tarde, en el Salón Verde, Julieta Di Corleto, titular de la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia de la Defensoría General de la Nación, participó del panel “Historias del encierro”.
En su presentación, titulada “Rehabilitación de las mujeres delincuentes entre 1890-1940", Di Corleto realizó un recorrido histórico sobre las particularidades de las mujeres encarceladas en Argentina. Allí, hizo referencia a la matriz ocupacional que las caracterizaba, los tipos de delitos cometidos por ellas y el prototipo de mujer criminal sostenido en la época, entre otros conceptos.
El día de ayer, durante la primera jornada, Damián Muñoz, defensor público oficial ante los Tribunales Orales de Menores Nº 2 y cotitular de la Comisión de Seguimiento del Tratamiento Institucional de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría General de la Nación (DGN), participó del panel “Niñez, adolescencia y respuesta punitiva”. Muñoz se refirió a los debates actuales sobre una nueva ley de Responsabilidad Penal Juvenil y destacó que se deben garantizar los principios y estándares internacionales, orientados a la protección de los jóvenes privados de libertad y a su reinserción.
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